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Sánchez ha anunciado que el Gobierno va relajar dos décimas el objetivo de déficit de la comunidades autónomas para el año 2019, que pasará del 0,1 al 0,3% del PIB.
De esta forma, las comunidades van a contar con un margen fiscal de 2.400 millones de euros.
Esta medida llega después de que la semana pasada el Ejecutivo pactara con Bruselas unos nuevos objetivos de déficit algo menos exigentes que los previstos anteriormente. Concretamente, las metas fiscales pasan al 2,7% en 2018 frente al 2,2% previsto, al 1,8% en 2019 frente al 1,3%, al 1,1% en 2020 frente al 0,5% y del 0,4% en 2021 frente al superávit del 0,1%.
Sánchez ha convocado para este jueves el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para debatir la nueva senda de déficit público.
El presidente ha anunciado también medidas para la prevención y lucha contra el fraude fiscal, que incluirá "actualizar paraísos fiscales y una ley para prohibir futuras amnistías fiscales". Se trata de "una ley de justicia fiscal para lograr una justicia social", ha dicho Sánchez.
Eso sí, Sánchez ha reconocido la imposibilidad de publicar los nombres de los defraudadores acogidos a la amnistía fiscal del anterior Ejecutivo.
Sánchez, ha dicho que pretende "rediseñar" el Impuesto de Sociedades con el fin de que el tipo efectivo de las grandes empresas se acerque al tipo nominal y fijar una tributación real mínima del 15% para los grandes conglomerados empresariales.
Asimismo, Sánchez ha confirmado que el nuevo sistema fiscal tendrá "en cuenta el impacto de las grandes compañías tecnológicas que no pagan impuesto", incluirá "figuras tributarias" para "desincentivar prácticas que perjudiquen el medioambiente" y un impuesto finalista al sector financiero para pagar las pensiones.
Así, Sánchez ha asegurado que esta "figura impositiva finalista" estará "vinculada al sector financiero" y servirá para complementar las cotizaciones, como vía de ingresos a la Seguridad Social, y contribuirá "a sostener el sistema público de pensiones y la dignidad de las jubilaciones de los mayores".
Sánchez ha anunciado que el Gobierno va a acometer medidas en materia de vivienda como elevar la prórroga forzosa de contrato de alquiler de 3 a 5 años, eliminar las fianzas adicionales que el arrendatario tiene que prestar para alquilar la vivienda y excluir la vivienda turística de la ley de arrendamientos de temporada para "ajustar" de este modo la definición de arrendamientos de temporada.
Además, ha dicho que la política se va a centrar en fomentar la vivienda pública y de alquiler y , en este sentido, ha subrayado la construcción de 20.000 viviendas públicas para alquiler en un plazo de cuatro años, una medida que ya anunció el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.
Otra de las novedades expuestas por Sánchez es un plan de choque para crear empleo juvenil. Ha explicado que se van a revisar los contratos de relevo y en práctivas, que se van a impulsar políticas activas de empleo para jóvenes, que se eliminarán las prácticas extracurriculares y que se va a crear el estatuto del becario.
Asimismo, el presidente del Gobierno también se ha comprometido a derogar el artículo del Código Penal 315.3 que castiga con penas de hasta tres años a aquellos que coaccionan en una huelga y "persigue los delitos relacionados con la libertad sindical".
Sánchez ha asegurado que tiende "la mano a todos los grupos para construir un nuevo Pacto de Toledo".
El presidente ha explicado que hay que cambiar el modelo productivo para que el peso de los salarios recupere el vigor con la contratación indefinida. Además, ha apuntado que "la mayoría de la sociedad nos ha trazado un camino, que es actualizar las pensiones con el nivel de vida" y ha instado a todos los grupos parlamentarios a apoyar esta medida.
Ha reiterado que ante el deterioro del equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social y para volver a llenar el Fondo de Reserva, "la hucha de las pensiones", es una obligación moral "garantizar pensiones dignas que no pierdan poder adquisitivo".
Sánchez ha abogado por medidas que racionalicen el gasto de la Seguridad Social y que fomenten la igualdad y la conciliación, al tiempo que proteja a los colectivos más vulnerables.
Sánchez también ha avanzado que el Ejecutivo apoyará medidas de autoconsumo energético y eliminará trabas y barreras para que los ciudadanos sean partícipes de una transición energética.
El presidente del Gobierno ha reiterado que el Ejecutivo aprobará una Ley de Cambio Climático y de Transición Energética, así como un Plan Nacional de Integración de Clima y nuevas medidas para la innovación tecnológica y su desarrollo.
Ha dicho que así lo exige España tras la amenaza evidente del cambio climático y el elevado nivel de emisiones de CO2 que se ha disparado en 2017 y ha crecido el 4,4% respecto a 2016.
Sánchez ha recalcado que el Gobierno pretende impulsar una transición ecológica y "ubicar a la sociedad civil en el centro de su labor, con medidas de autoconsumo energético y con la eliminación de trabas y barreras".
El presidente ha señalado que se trata de una "revolución" para que los ciudadanos sean los agentes del cambio en esta transición energética.
Sánchez ha anunciado que los pilares en los que se va a asentar su política sanitaria es en garantizar la igualdad de género y derechos y el empoderamiento del paciente.
Así, Sánchez ha recordado algunas de las medidas ya anunciadas por la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, como la recuperación de la universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) para que todas las personas, con independencia de su situación administrativa, puedan recibir asistencia sanitaria, o la eliminación de los copagos farmacéuticos.
Además, el presidente del Gobierno ha reiterado que se va a modificar la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS) para reincorporar la financiación pública de tratamientos de reproducción asistida para mujeres solas y lesbianas. "Un derecho que el anterior gobierno eliminó y que este gobierno ha recuperado", ha destacado.
Ahora bien, el presidente del Gobierno ha recordado que las competencias en materia de sanidad la tienen las comunidades autónomas, por lo que se ha comprometido a reforzar la "cohesión y codecisión" de los ejecutivos autonómicos en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para que el SNS sea "eficiente, sostenible, transparente" y, a su vez, "garantice la igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan".
Finalmente, Sánchez ha mostrado su deseo de que el Congreso de los Diputados apruebe la ley de eutanasia, promovida por el Grupo Parlamentario Socialista, porque "supondrá la conquista de derechos y libertades de la sociedad española".
Por otra parte, el presidente del Gobierno ha asegurado que su decisión de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos es "firme" y que se materializará en "muy breve espacio de tiempo".
"Su materialización, a falta de los últimos retoques, será en breve, en muy breve espacio de tiempo", ha dicho Sánchez.
Sánchez ya acudió a la Cámara Baja el 27 de junio para recabar la opinión de la oposición antes de esa cumbre europea, pero en la última Junta de Portavoces ya se habló de celebrar una segunda comparecencia la segunda semana de julio para informar de sus planes de gobierno, como le reclamaban el PP y Ciudadanos.
Al pasar los días y no registrarse esa petición de comparecencia por parte del Gobierno, que es quien puede facilitar la celebración de un Pleno del Congreso en un mes como julio -fuera del periodo ordinario de sesiones-, el PP reclamó una reunión de la Diputación Permanente para forzar la convocatoria del Pleno.
Finalmente, no ha sido necesario reunir a la Diputación Permanente porque el propio Sánchez pidió comparecer para dar cuenta del resultado del Consejo Europeo y de sus planes de gobierno y la presidenta del Congreso, Ana Pastor, fijó esta segunda comparecencia para este martes.
Así, a partir de las nueve de la mañana, Sánchez ha subido a la tribuna a explicar las líneas maestras de su gobierno después de que se hayan completado las comparecencias de todos sus ministros en las correspondientes comisiones del Congreso.
Tras su exposición inicial, sin límite de tiempo, será el turno de los grupos parlamentarios, que intervendrán de mayor a menor, con excepción del Grupo Socialista que lo hará el último. Cada portavoz contará con doce minutos para intervenir y con una réplica de cinco minutos más, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.
Así, el primero será Grupo Popular, seguido de Unidos Podemos, Ciudadanos, Esquerra, PNV, los siete partidos del Grupo Mixto, y el Grupo Socialista.
El presidente decidirá si contesta a todos de uno en uno o en bloque. En todo caso, Sánchez dispondrá de todo el tiempo que considere necesario para responder a los grupos, como es habitual en estos debates.
Fuente: Expansión
