LOS LABORATORIOS COMPENSARÁN POR PRIMERA VEZ A LA ADMINISTRACIÒN POR EL DESVÍO EN EL GASTO FARMACÉUTICO EN 2018

Las empresas farmacéuticas tendrán que compensar por primera vez al Sistema Nacional de Salud por superar el crecimiento previsto en el gasto de los llamados medicamentos innovadores (las nuevas terapias de marca, que excluyen genéricos) en 2018, según confirman fuentes empresariales consultadas. Se espera que la cifra del monto a devolver se conozca a finales de este mes, aunque algunas fuentes apuntan a que podría alcanzar los 100 millones de euros. Además, la patronal Farmaindustria ya ha decidido el complicado asunto de cómo se repartirán esas devoluciones entre los laboratorios.

Desde el año 2016, el Gobierno y la patronal Farmaindustria mantienen un acuerdo que contempla que si el incremento del gasto en medicamentos innovadores es mayor que el crecimiento del PIB real, los laboratorios farmacéuticos deben compensar con la diferencia a la Administración.

Ese pacto se aprobó a finales de 2015, impulsado por la patronal y el Ministerio de Hacienda cuando Cristóbal Montoro era titular, con el objetivo de dotar de un marco estable para las empresas del sector a la vez que se garantizaba el control del gasto público. Para los laboratorios era una forma de parar la sangría de los decretazos y recortes en gasto en medicamentos decididos desde 2010 tanto por los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) como de Mariano Rajoy (PP) en un contexto de ajuste presupuestario. Para el Ejecutivo significó que si la introducción de nuevos medicamentos dispara la factura, los laboratorios deben devolver una parte.

Por primera vez llegará esa compensación, según todas las fuentes consultadas, aunque todavía no hay una cifra definitiva, a la espera del cierre de datos del ejercicio de 2018 por parte del Ministerio de Hacienda. El pasado año, el conjunto de gasto público en medicamentos distribuidos en farmacia y hospitales alcanzó los 17.482 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 4,6% interanual. Eso supone superar en dos puntos la tasa de crecimiento del PIB de la economía española del pasado año, que se quedó en el 2,6%.

Desde la industria se considera que el alza de la parte de fármacos innovadores será menor que el 4,6%, pero están a la espera de la confirmación de Hacienda. En principio, estas fuentes señalan que el pasado año tuvo más peso el crecimiento de los medicamentos genéricos y el de los biosimilares —aquellos productos que entran en sustitución de las novedosas terapias biológicas cuando estas pierden la patente—, ambos excluidos del convenio, por lo que esperan que el desvío sea inferior a los dos puntos. Eso significaría, según algunos cálculos, entre 90 y 150 millones de devolución.

Desde Hacienda se señala que ese cálculo todavía no está cerrado ya que se está ultimando la recogida de datos de algunas comunidades autónomas. En principio, las fuentes oficiales señalan que la información se conocerá a finales de abril o principio de mayo.

A falta de conocer la cuantía a devolver, la patronal farmacéutica ha avanzado en concretar cómo se repartirá entre los laboratorios la factura, una situación delicada ya que no todas las compañías han contribuido de forma igual en el desvío. Los criterios que afectan a 2018 fueron aprobados en la asamblea de febrero, según fuentes empresariales.

Este criterio de reparto se basa en tres apartados. Por un lado, la facturación de cada empresa, es decir, que los laboratorios mayores pagan más. Después se tiene en cuenta cuánto creció el pasado año cada farmacéutica y, finalmente, se introduce un factor de corrección sobre si las ventas se produjeron en farmacias (con un coeficiente menor) u hospitales (con mayor peso).

Respecto a quién obtendrá los recursos del pago, la Administración todavía no lo ha concretado. La Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno deberá establecer el mecanismo de reparto. En el convenio entre Hacienda, Sanidad y Farmaindustria se señala que el beneficiario de la compensación debería ser el Sistema Nacional de Salud, dependiente de las comunidades autónomas, ya que la sanidad es una competencia transferida desde el año 2001.