LOS JUECES DEJAN LIBRES A LOS MIEMBROS DE LA MANADA PUES LA "PÉRDIDA DE ANONIMATO HACE IMPENSABLE" QUE REINCIDAN

La sección segunda de la Audiencia de Navarra, que en abril condenó a nueve años de cárcel a La Manada por abusar sexualmente de una joven en los Sanfermines de 2016, ha trasladado a las partes pasadas las ocho y media de la mañana de este viernes el auto por el que acuerda la libertad provisional de los cinco miembros del grupo, conocida ayer jueves. Entre las razones para dejarlos libres, la Audiencia destaca que los condenados han perdido el anonimato, lo que hace "menos que impensable" el riesgo de reiteración delictiva y complica la posibilidad de que se fuguen. Además, alega que viven a más de 500 kilómetros de la víctima, que no tienen antecedentes por delitos sexuales, que no tienen dinero para "procurarse una fuga eficaz" y que la alarma social no justifica mantenerlos en prisión preventiva.

La sala advierte que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional obliga a "huir" de los automatismos al valorar la prolongación de la prisión provisional más allá de los dos años que marca la ley y que, en el caso de La Manada, se cumplían el próximo 9 de julio. Los dos criterios principales que hay que valorar, recuerdan los jueces, son el riesgo de reiteración delictiva y el de fuga y en este caso, aseguran, ninguno justifica mantener a los jóvenes en prisión.

Sobre el riesgo de que huyan de la justicia, la Audiencia de Navarra incide en la "insolvencia de todos los condenados", con excepción de Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena (declarado parcialmente insolvente y a quien le ha sido embargada una vivienda), por lo que los magistrados entienden que todos carecen "de medios económicos para procurarse una fuga eficaz". Además, los cinco condenados "han perdido toda posibilidad de anonimato" debido a la repercusión mediática del caso, por lo que localizarles y detenerles sería una tarea "fácil" para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según los dos magistrados que suscriben la decisión de excarcelarles. 

Este argumento de que los rostros de los miembros de La Manada son públicamente conocidos es empleado también por el tribunal para limitar el riesgo de que reincidan en su delito. Los magistrados creen "poco menos que impensable" que los jóvenes puedan cometer nuevos abusos sexuales ahora que han perdido el anonimato y aseguran que esta situación, unida al "rechazo social" que se ha desatado respecto a los cinco acusados, lo que hace presumir es que los jóvenes se van a encontrar con "extraordinarias dificultades" para desarrollar una vida social normalizada una vez que regresen junto a sus familias.

Además, ninguno de los cinco tiene antecedentes en casos similares, advierte el tribunal, que alude al hecho de que cuatro de los condenados están también imputados en un presunto abuso a una joven cometido en Pozoblanco (Córdoba) pero considera que este está en fase de investigación y no justifica mantenerles en la cárcel. Sobre la alarma social, el tribunal de la Audiencia de Navarra sostiene que "no es un criterio válido" a efectos de apreciar la necesidad de la prisión provisional.

Voto en contra

La decisión de excarcelar a los jóvenes cuenta con el voto en contra de uno de los tres miembros de la sala, José Francisco Cobo, el presidente del tribunal que juzgó a La Manada. En su escrito de voto particular, Cobo considera que la prisión preventiva de La Manada debía haber prolongado hasta el límite de cuatro años y medio (la mitad de la condena impuesta) que permite la ley. Cobo comparte con sus compañeros que no puede presumirse riesgo de reiteración delictiva porque cuatro de los cinco acusados estén investigados por presuntos abusos en grupo a otra joven en Pozoblanco, pero considera la gravedad del delito por el que se les ha condenado en Pamplona y la pena de nueve años impuesta sí implica un riesgo de fuga. El presidente del tribunal rechaza que la escasez de medios económicos y el arraigo familiar de los condenados permita conjurar "eficazmente" el riesgo de que huyan de la justicia.

Como alude también a la necesidad de proteger a la víctima, otro argumento que, en su opinión, justificaría prorrogar el encarcelamiento. Para este juez las medidas cautelares adoptadas por el tribunal a cambio de la libertad (entre otras, retirada de pasaporte, comparecencias ante un juez tres días a la semana, prohibición de comunicarse con la víctima) pueden resultar "ineficaces" para garantizar la protección de la joven y su familia, que han recibido amenazas según advierte el juez.

Los cinco estaban en prisión desde el 7 de julio de 2016 y los jueces podían haber prorrogado esta situación otros dos años y medio. Pero la sala, con el voto a favor de dos de los tres magistrados que la forman, ha optado por excarcelar a los jóvenes bajo fianza de 6.000 euros. La decisión desencadenó ya ayer protestas en las calles de Pamplona y Barcelona, que hoy se van a repetir en numerosos puntos del país.

José Ángel Prenda, Alfonso Cabezuelo (militar), Antonio Manuel Guerrero (guardia civil), Jesús Escudero y Ángel Boza, de entre 26 y 29 años, saldrán en libertad en cuanto depositen la fianza de 6.000 euros impuesta por la sala. Un agente judicial se desplazó ya ayer jueves a los centros penitenciarios (tres están en la cárcel de Pamplona y el militar y el agente en la prisión castrense de Alcalá de Henares, en Madrid) para comunicarles la resolución.

El abogado de cuatro de los cinco miembros de La Manada, Agustín Martínez Becerra, ha avanzado que sus defendidos depositarán la fianza "lo más rápido posible" tras haberse notificado el auto de libertad pasadas las 08.30 horas de este viernes. En declaraciones a Onda Vasca, Martínez Becerra ha dicho que "confiaba en esta decisión" igual que confía "en la inocencia" de sus defendidos. "No discutimos la violencia contra las mujeres, sino un caso particular en el que, por mucho que les pueda molestar, son inocentes", ha reiterado. Asimismo, ha defendido que la prisión provisional es algo "excepcional y debe estar así considerada". El abogado ha rechazado que determinados partidos políticos hayan criticado el auto "sin haberlo leído".

La puesta en libertad ha salido adelante con el voto a favor de dos de los tres magistrados que componen la sala: Ricardo González, que ha pedido la libertad de La Manada desde el inicio del procedimiento y en abril redactó un polémico voto particular en el que pedía la absolución de los acusados, y Raquel Fernandino, que votó a favor de condenarlos, pero ahora ha optado por dejarlos en libertad. Fernandino se había opuesto a las tres peticiones de libertad que habían formulado hasta ahora las defensas y suscribió el duro relato de hechos que dio por probado la Sala en la sentencia. En esta ocasión, ha decidido sin embargo revocar la prisión provisional, una decisión a la que solo se ha opuesto el presidente de la Sala, José Francisco Cobo.

En el voto discrepante, Cobo sostiene que debe mantenerse en prisión a los miembros de La Manada "para proteger la seguridad, estabilidad y tranquilidad de la denunciante, así como el de su entorno convivencial", ya que asegura que la víctima y su entorno han recibido amenazas recientes.

A cambio de la libertad, la Audiencia les impone medidas cautelares, además de la fianza económica: los condenados deben designar un domicilio y un teléfono para estar localizables en todo momento. En caso de que no sean localizados "de inmediato" en esos domicilios se exponen a orden judicial de detención. Además, tendrán que comparecer todos los lunes, miércoles y viernes en el juzgado de guardia más cercano a su domicilio, tienen prohibido acercarse a la víctima ni entrar en la Comunidad de Madrid —donde reside la joven—, se les ha retirado el pasaporte y no pueden salir del territorio nacional sin autorización judicial.

Fuente: El País