MONTORO SUBIRÁ EL TIPO QUE COBRA A LAS AUTONOMÍAS PARA "ECHARLAS" DEL FLA

El Ministerio de Hacienda y Función Pública elevará el interés de los préstamos del FLA para situarlos al mismo nivel que los del mercado, y propiciar así que las autonomías abandonen progresivamente este mecanismo y logren, de nuevo, financiarse por sí mismas.

Así consta en el documento de conclusiones del Comité Técnico del Consejo de Política Fiscal en torno al debate de la financiación autonómica, que el ministro Cristóbal Montoro ha remitido a los gobiernos regionales y al que ha tenido acceso este periódico.

El citado informe, de 55 páginas, asegura que el Gobierno y las autonomías estarían de acuerdo con "la conveniencia de reducir los mecanismos -como el FLA- de manera sustancial", de modo que su utilización "sea cada vez más extraordinaria" y motivada solo por cuestiones "muy graves". Además, el texto incluye la recomendación de "adaptar las condiciones financieras" que ofrecen los citados mecanismos "a las actuales condiciones de mercado", esto es, elevar los intereses. Todo ello "aprovechando el entorno favorable y los bajos tipos para alargar los plazos de endeudamiento".

En esa consideración, no se oculta la intención última de "incentivar la salida a los mercados de las comunidades autónomas" después de un sexenio de anormalidad. Fue en 2012 cuando Montoro, con el grifo de la financiación casi cerrado para España y muerto para las autonomías, ideó el FLA y la Facilidad Financiera para que los gobiernos regionales pudieran pagar facturas y atender vencimientos sin incurrir en quiebra. Desde entonces, esos fondos han dejado en las arcas regionales casi 250.000 millones de euros, el equivalente al 23% del PIB español. De esa cantidad, las autonomías deben devolver aún 157.000 millones.

De cualquier manera, la reforma de la financiación autonómica que pretende pactar Hacienda incluirá la creación de un nuevo fondo de financiación extraordinario que "permita atender posibles situaciones excepcionales" y que solo sea utilizado en caso de "una verdadera necesidad de liquidez". Una idea que, además, ya aconsejaron el verano pasado los sabios que recibieron el encargo de diseñar un marco para la nueva financiación autonómica.

Por último, y respecto a la famosa quita de la deuda a la que habitualmente se refiere Montoro, el informe del Comité Técnico advierte sobre "la conveniencia de acometer una reestructuración transparente", siempre a través de la ampliación de plazos o la modificación de tipos de interés, como sucedió con Grecia. No habrá, en ningún caso, perdón del principal.

El documento que Montoro ha remitido a las comunidades debe servir de base para que, ahora sí, se produzca una reunión del Consejo de Política Fiscal y se aborde de una vez la revisión del modelo, pendiente desde 2014. Ese encuentro debería tener lugar, tal y como sugirió el presidente Mariano Rajoy, entre finales de este mes y principios del próximo.

Capacidad tributaria y cesión de impuestos

El informe que maneja el Gobierno también repasa la capacidad tributaria de las CCAA y el conjunto de recursos tributarios cedidos por parte del Estado. Hay una predisposición por parte de Hacienda de una armonización del Impuesto sobre el Patrimonio (IP), Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre Actividades de Juego y el Impuesto sobre Depósitos en Entidades de Crédito (IDEC). Las CCAA reciben ya en la actualidad los rendimientos generados en su territorio de los tres impuestos mencionados, pero no a través del Sistema, sino al margen de él. El departamento de Montoro aboga por integrarlo de una vez en el sistema.

La posición mayoritaria de las CCAA sobre el IP ha sido la de mantener el impuesto, apostando por la homogeneización de su base imponible y la simplificación de algunas exenciones y deducciones y bonificaciones de la cuota, así como por el establecimiento de niveles mínimos de tributación que eviten deslocalizaciones fraudulentas.

En el ITPAJD, las CCAA, también, defienden la necesidad de modificar la regulación de la base imponible sustituyendo el concepto de valor real por valores objetivos que minimicen la conflictividad. En ocasiones se plantea también introducir como nuevo medio de comprobación de valores el valor de referencia determinado por la Dirección General del Catastro. Y en el ISD las CCAA quieren mantenerlo pero apelan a la necesidad de revisar y actualizar su normativa. "No obstante, no existe consenso en relación con algunos aspectos técnicos, como la posibilidad de mantener el impuesto estructurado en base a una tarifa progresiva o bien establecer tipos fijos en función del grado de parentesco o sobre la supresión o modificación de reducciones, entre otros", indica Hacienda en el documento.

Otras de las pretensiones de las CCAA son obtener mayor participación en los tres grandes impuestos del Estado como IRPF, IVA e Impuestos Especiales. Hasta ahora parte de ellos están transferidos. Hacienda se opone a la modificación de estos tributos y alude a que no hay consenso al respecto. Además, señala en cuanto a la posibilidad de instrumentar un tramo colegiado en el IVA o los Impuestos Especiales, "muchas CCAA han puesto de manifiesto en el CTPE las dificultades de su implementación, tales como que el nivel existente de tipos de IVA podría considerarse ya elevado o el hecho de que un instrumento de estas características podría generar competencia fiscal entre las CCAA y el Estado para anticiparse en la ocupación de un determinado espacio fiscal".

También rechaza el posible aumento de cesión del IRPF como propuesta alternativa a los impuestos colegiados "porque alteraría la capacidad redistributiva de la Administración central, por lo que se considera que no procede una modificación de esta cesión".

Fuente: El Economista