La Justicia belga ha tomado hoy la decisión de no entregar a los exconsellers Tomi Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig a las autoridades españolas por un error de forma en la orden de detención y entrega emitida por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, según ha anunciado hoy el propio Comín en declaraciones a los medios, junto con Serret y Puig.

Los exconsellers han hecho estas declaraciones después de acudir a la audiencia en la que la Cámara del Consejo - el tribunal belga de primera instancia-, que debe pronunciarse sobre las órdenes de detención y entrega emitidas por el juez del Tribunal Pablo Llarena, que investiga los sucesos relacionados con el 'procés'.

Toni Comín está procesado por un delito de rebelión y otro de malversación de caudales públicos, mientras que sobre Puig y Serret pesan acusaciones de desobediencia y malversación de caudales públicos.

Es la segunda vez que los tres políticos catalanes huidos a Bélgica han ido a declarar a la Cámara del Consejo desde que Llarena reactivase las euroórdenes contra ellos. En la primera ocasión, que tuvo lugar el pasado 18 de abril, la vista fue aplazada porque la Fiscalía había pedido más información a las autoridades judiciales españolas.

Delitos

En aquella ocasión, en la que la Justicia belga analizó las euroórdenes cursadas por la Audiencia Nacional, la Fiscalía belga pidió la entrega de Comín, Serret y Puig, así como de Carles Puigdemont y Clara Ponsatí, que entonces seguían en el mismo país, por los delitos de rebelión y malversación, pero no por prevaricación.

En concreto, el Ministerio Público entendió que estos dos delitos encajan en la legislación belga en las descripciones penales de "coalición de funcionarios" y "malversación por parte de funcionarios", según informó la defensa de los requeridos.

En el nuevo procedimiento, Comín es el único al que Llarena ha procesado por un delito de rebelión, además de malversación de caudales públicos. Serret y Puig, por su parte, han sido reclamados por delitos de desobediencia y malversación.

Los exconsejeros llegaron a la Cámara del Consejo de Bruselas (tribunal de primera instancia) acompañados de sus abogados sin hacer declaraciones a los medios.

A la entrada del Palacio de Justicia les esperaban para mostrarles su apoyo los eurodiputados independentistas catalanes de ERC Jordi Solé y Josep Maria Terricabras, así como el del PDeCAT Ramón Tremosa.

Está previsto que los exconsejeros atiendan a la prensa una vez termine la audiencia, en torno a las 10.00 hora local (08.00 GMT) y que a las 15.00 hora local (13.00 GMT) lo hagan sus abogados para explicar más detalles del procedimiento.

Quince días

El escenario más probable es que el juez no tome hoy una decisión sobre la ejecución o no de las órdenes de entrega. Según el procedimiento que rige las euroórdenes, que permiten la ejecución simplificada de mandatos de arresto de un país de la Unión Europea por parte de otro, una vez se celebre la audiencia sobre la petición de extradición ante el tribunal de primera instancia de Bruselas, el juez tendrá quince días para decidir si les extradita o no.

Contra esa decisión cabe recurso ante el Tribunal de Apelación y, después, ante la Corte de Casación, que tendrán ambos quince días para decidir.

El procedimiento de las euroórdenes establece que los países disponen de un total 60 días a partir de la detención de las personas buscadas para decidir sobre su entrega, plazo que puede ampliarse a 90 días en circunstancias excepcionales.

60 días para decidir

Una vez el juez dicte sentencia sobre la entrega o no de los acusados a las autoridades españolas, la Fiscalía bruselense o la defensa de los cinco tendrán 24 horas para presentar recurso y llevar el caso al Tribunal de Apelación.

Tras la sentencia en Apelación las partes aún podrían recurrir a una última instancia, el Tribunal de Casación (equivalente al Tribunal Supremo español), que no se pronunciaría sobre el fondo de la euroorden, sino sobre la forma del procedimiento.

Las reglas de la orden europea de entrega establecen un plazo máximo de 60 días para decidir sobre la extradición de la persona reclamada por otro Estado miembro, con la posibilidad de una prórroga de 30 días más en casos excepcionales para llegar a un total de 90 días. Sin embargo, estos plazos están previstos para proteger los derechos de los detenidos, por lo que si los acusados no están en prisión los tiempos son menos estrictos.

Fuente: Expansión