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El expresidente catalán Carles Puigdemont, detenido ayer en Alemania a raíz de la euroorden de detención emitida por el Tribunal Supremo, deberá comparecer hoy ante el Tribunal administrativo de Schleswig-Holstein para iniciar el proceso de revisión de la petición de las autoridades españolas.
Puigdemont se encuentra en una cárcel de la localidad de Neumünster, al sur de Kiel, donde ingresó tras ser detenido a las 11.19 horas de este domingo en una estación de servicio de la autopista A7, poco después de entrar en territorio alemán por Dinamarca.
El cometido de la comparecencia de hoy es comprobar la identidad del detenido e iniciar los trámites del proceso para decidir sobre la euroorden emitida por la Justicia española. El plazo máximo para decidir y eventualmente ejecutar su entrega es de 60 días a partir de la detención, independientemente de los recursos que se presenten contra ésta.
La detención motivó ayer movilizaciones en la calle en diferentes puntos de Cataluña, en las que en algunos casos se han producido choques con las fuerzas policiales. Las protestas concluyeron con nueve detenidos y un centenar de heridos.
Las autoridades españolas trabajan para poder enviar cuanto antes toda la documentación correspondiente traducida al alemán a las autoridades judiciales de este país, según han informado a Efe fuentes policiales.
Los servicios secretos españoles alertaron a las autoridades alemanas de que el expresidente catalán podría estar en su territorio, según afirma el semanario "Focus" y han confirmado en nuestro país fuentes policiales. El arresto, por tanto, se ha materializado gracias a la cooperación entre la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA) y la Policía Nacional española (Comisaría General de Información y División de Cooperación Internacional), en coordinación con el CNI.
Además, la Fiscalía de Bruselas examinará a lo largo de hoy las euroordenes de detención de los exconsejeros catalanes que se encuentran en Bélgica (Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret) después de que éstas fuesen reactivadas el pasado sábado, informaron a Efe fuentes del Ministerio Público.
Fachada de la cárcel de la localidad de Neumünster. EFE
El abogado Jaume Alonso-Cuevillas, que coordina la defensa del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha admitido este lunes que contemplan la posibilidad de que el líder de JxCat pueda acabar en prisión preventiva en el país germánico: "Todas las posibilidades las contemplamos, por descontado. No podemos descartar nada".
En declaraciones a TV3, recogidas por Europa Press, ha explicado que este mismo lunes viajará a Hamburgo (Alemania) para encontrarse con los abogados alemanes que atenderán a Puigdemont, con los que dice tener "plena confianza".
Estos abogados serán los que analizarán la euroorden emitida por el Tribunal Supremo, por la que se detuvo a Puigdemont al norte de Alemania, y un juez "procederá a ver si los casos que vienen relatados constitutivos de delito se han producido".
Ha rechazado que se compare los delitos de rebelión y sedición en España con el de alta traición que contempla el Código Penal alemán, ya que de lo que se trata es de "ver si los hechos como se produjeron son compatibles", no en buscar sinónimos. Así, ha reivindicado que los presuntos delitos por los que se pide la extradición de Puigdemont "requieren de violencia, y el problema que tiene la euroorden, igual que el procesamiento en España, es que no hubo violencia.
Alonso-Cuevillas ha afirmado que no se ha puesto sobre la mesa pedir asilo para Puigdemont en Alemania, pero que cuando se reúna con la defensa alemana del expresidente de la Generalitat lo analizarán "todo".
El Gobierno alemán insistió hoy en que la decisión sobre la euroorden contra el expresidente autonómico catalán Carles Puigdemont compete "fundamentalmente a la justicia", al tiempo que destacaba que la crisis catalana es un "asunto interno" de España.
La portavoz de Junts per Catalunya (JxCAT), Elsa Artadi, ha explicado hoy que su grupo parlamentario busca la fórmula para que Puigdemont sea un presidente no "simbólico" sino "de verdad".
Después de que ayer la CUP se ofreciera a incorporarse a la Mesa del Parlament para "facilitar" una investidura a distancia de Puigdemont, pese a las medidas cautelares que impuso el Tribunal Constitucional para impedir tal posibilidad, hoy Artadi ha abierto así la puerta a que el líder de JxCat, detenido en Alemania, sea reconocido como president.
Por otro lado, JxCat, ERC y la CUP han pactado hoy una propuesta de resolución en la que proponen que el Parlament se comprometa a "adoptar todas las medidas necesarias para garantizar" que Carles Puigdemont y Jordi Turull "puedan ejercer sus derechos políticos".
La propuesta de resolución sobre la "liberación y garantía de los derechos políticos de los diputados procesados", registrada hoy en el Parlament con la firma de Elsa Artadi (JxCat), Sergi Sabrià (ERC) y Carles Riera (CUP), reclama la "puesta en libertad inmediata" de los diputados y exdiputados soberanistas encarcelados.
Los plazos de entrega de Puigdemont en aplicación de la euroorden van de 10 a 60 días. Según recoge la legislación europea, si la persona detenida manifiesta su consentimiento de entrega a su país, ésta se hará efectiva en un plazo de 10 días tras haberse manifestado el consentimiento. En cambio, en los demás casos, la decisión definitiva sobre la ejecución de la euroorden debería tomarse en un plazo máximo de 60 días tras la detención, prorrogables a 90 en casos excepcionales.
La detención abre un panorama más complicado para Puigdemont puesto que los delitos por los que España le reclama tienen correspondencia con la legislación alemana con penas incluso más duras que en nuestro país que alcanzan hasta la cadena perpetua.
Alemania es uno de los peores lugares en los que podía caer Puigdemont a la hora de aplicar y tramitar una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) porque el Código Penal alemán sí recoge delitos muy similares al de rebelión por el que le reclama España, algo que no ocurría en Bélgica.
Los artículos 81, 82 y 83 del Código Penal alemán, recogidos en Título II de la Sección Primera sobre delitos de traición a la paz, alta traición y puesta en peligro del Estado democrático de Derecho, despejan el panorama hacia una futura extradición del expresidente catalán.
El artículo 81 sobre el delito de alta traición a la Federación dice que "quien intente con violencia o por medio de amenaza con violencia perjudicar la existencia de la República Federal de Alemania o cambiar el orden constitucional que se basa en la Constitución de la República Federal de Alemania, será castigado con pena privativa de la libertad de por vida o con pena privativa de la libertad no inferior a 10 años" Y precisa que "en casos menos graves la pena privativa de la libertad es de un año hasta 10 años".
El artículo 82 sobre el delito de alta traición contra un Estado Federal castiga con esta misma pena de uno a diez años a quien intente con violencia o con amenaza de violencia "incorporar el territorio de un Estado total o parcialmente a otro Estado" trate de "separar una parte de un Estado" o "cambiar el orden constitucional que se basa en la Constitución de un Estado".
Y al igual que sucede con el delito anterior, precisa que "en casos menos graves la pena privativa de la libertad es de seis meses hasta cinco años".
Por último el delito de preparación de una operación de alta traición contra la Federación (artículo 83) se castiga con cárcel de uno hasta diez años aunque en casos menos graves esta pena será de tres meses hasta cinco años.
Por otro lado, Aamer Anwar, abogado de Clara Ponsatí, dijo hoy que la exconsejera catalana de Educación se entregará esta semana a la Policía escocesa y que espera recurrir la euroorden de extradición a España.
Ponsatí, implicada en el proceso independentista ilegal de Cataluña, trabaja como profesora en la Universidad escocesa de St Andrews, adonde llegó este mes tras permanecer huida de la justicia en Bélgica junto a otros políticos catalanes.
Según dijo Anwar en un comunicado, la política catalana recurrirá la extradición, pues representa "un intento sistemático de criminalizar el deseo por la independencia", manifestado en el referéndum del pasado 1 de octubre, que fue declarado ilegal por la Justicia española.
30 octubre. Puigdemont sale de España con destino a Bélgica, donde fija de forma temporal su residencia en la localidad de Waterloo.
22 enero. El presidente del Parlament, Roger Torrent, propone a Puigdemont como candidato a presidente de la Generalitat. Ese mismo día participa en un coloquio en la Universidad de Copenhague, en el que fue su primer desplazamiento fuera de territorio belga.
27 enero. El TC prohíbe una investidura a distancia de Puigdemont.
1 marzo. Puigdemont renuncia "de manera provisional" a su investidura y, en su lugar, propone a Jordi Sànchez, número dos de JxC, en prisión preventiva.
18 marzo.Puigdemont participa en el Festival de Cine y Foro Internacional de Derechos Humanos de Ginebra, donde permanecerá hasta el miércoles 21 para intervenir en un evento del Instituto de Altos Estudios Internacionales.
22 marzo. El expresidente de la Generalitat catalana viaja a Finlandia para continuar su campaña internacional en favor del proceso soberanista catalán, invitado por un grupo de diputados finlandeses simpatizantes con el movimiento independentista.
23 marzo. El Tribunal Supremo dicta una orden de detención internacional contra Marta Rovira y una euroorden para otros cinco implicados en el proceso soberanista de Cataluña huidos de la Justicia, entre ellos Puigdemont.
24 marzo. El abogado de Puigdemont revela que su cliente ha abandonado Helsinki.
Fuente: Expansión
