El inusitado anuncio del Gobierno de que no atenderá el informe del Consejo de Estado y recurrirá la candidatura de Puigdemont presenta varios riesgos. El primero, que el Tribunal Constitucional coincida con el órgano consultivo y tampoco considere recurrible el acto de designación de Puigdemont como candidato. El segundo es que admita a trámite el recurso, pero que lo haga dividido y con votos particulares. Eso acabaría con la valiosa unanimidad con la que el Constitucional ha ido resolviendo los asuntos esenciales relacionados con el proceso independentista.

P. ¿Qué sucede si el Constitucional rechaza estudiar el recurso?

R. Más allá del bochorno político que supondría un segundo revés -tras el del Consejo de Estado-, el Gobierno seguiría teniendo en su mano recurrir decisiones posteriores de la Mesa. Eso sí, todo indica que ya no tendría la capacidad de impedir una votación que invistiera a Puigdemont. Los recursos posteriores podrían concluir con la anulación de la votación, pero ésta ya se habría producido. Precisamente lo que el anunciado recurso pretendía evitar.

P. ¿Qué sucede si el Tribunal admite a trámite el recurso?

R. La impugnación anunciada por el Ejecutivo incluirá la petición de suspender la vigencia del acuerdo del presidente del Parlament de proponer a Puigdemont. La ley establece que, si se admite a trámite el recurso y se ha pedido la suspensión, esta se acuerda de forma automática durante un periodo de cinco meses. Es decir, la propuesta perdería su vigencia y la votación de investidura, teóricamente, no se podría celebrar.

P. ¿Qué sucedería si hay una investidura pese a la suspensión ?

R. Podría considerarse como un delito de desobediencia a las resoluciones judiciales y concluir con la apertura de una causa penal a los miembros de la Mesa del Parlament que hubieran permitido celebrar la sesión de investidura. Este delito se castiga con inhabilitación. Sin embargo -y más aún si hay decisiones posteriores en la misma línea-, la Fiscalía podría considerar lo sucedido como una etapa más en el delito de rebelión, lo que podría llevar a sus responsables ante el Supremo con la amenaza de ir a prisión.

Fuente: El Mundo