BRUSELAS AVISA DE QUE LA INCERTIDUMBRE PUEDE EXIGIR A ESPAÑA MÁS AJUSTES

Bruselas no ve graves riesgos de incumplimientos fiscales en 2017 y 2018 tras revisar el plan presupuestario que envió España. Pero apunta que Madrid podría verse obligada a hacer ajustes de algo más de 2.000 millones por la incertidumbre política y la falta de un presupuesto propiamente dicho. El déficit público de 2017, que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha calculado en el 3,1%, considera la Comisión Europea que se ajusta a los objetivos. Para 2018, sin embargo, el Gobierno augura que se quedará en el 2,3%. La meta pactada era del 2,2%. Y Bruselas avisa de que puede llegar al 2,4%, lo que obligaría a tomar medidas.

Bruselas presenta este miércoles el examen del plan presupuestario que el Gobierno le remitió el mes pasado. España cumple con lo que se le pedía, según un borrador de la opinión de la Comisión al que ha tenido acceso EL PAÍS. Aunque no está exenta de riesgos. Por una parte, la Comisión menciona el coste económico, todavía difícil de anticipar, que tendrá la crisis catalana. Y por otra, señala que no es el único peligro: “Los principales riesgos para los objetivos fiscales y de deuda proyectados en el plan presupuestario derivan de las incertidumbres respecto al desarrollo de los acontecimientos macroeconómicos, en particular, el crecimiento del empleo y la ausencia de un presupuesto en 2018”. También cita que el rescate de las autopistas radiales quebradas puede tener un efecto sobre el déficit en 2018 mayor que el calculado por el Gobierno.

Bruselas ha exigido repetidamente a España garantías de que enviará un presupuesto para 2018: quiere una señal clara de estabilidad en un momento de turbulencias políticas que se ha saldado con una declaración unilateral de independencia en Cataluña y la aplicación del artículo 155, que incluye la convocatoria de elecciones autonómicas el 21-D. Madrid optó en octubre por enviar unos presupuestos prorrogados, en parte por el desafío independentista, y en parte por la exigua mayoría del PP en el Parlamento y las dificultades para garantizarse los apoyos necesarios.

La Comisión alertó de que las cuentas de 2018, según los cálculos del Gobierno, ya incumplen por una décima los objetivos de déficit, del 2,2% del PIB. El ministro de Economía, Luis de Guindos, se comprometió entonces por escrito a “aprobar las medidas necesarias” para cumplir, lo que exigiría un ajuste adicional de algo más de 1.000 millones. Y Bruselas cree que podrían ser incluso más de 2.000, ya que sus cálculos elevan el déficit al 2,4%.

No obstante, toda la arquitectura presupuestaria depende del impacto definitivo del procés en la economía española. España apunta que ese impacto podría ser de unos 5.000 millones: medio punto de riqueza en 2018. Bruselas ha subrayado que habrá efecto negativo, pero no se ha atrevido a cuantificarlo pese a que hay ya indicios de sobra, con la fuga de centenares de empresas, la parálisis de inversiones y el frenazo en el sector turístico.

Si el impacto del procés es aún mayor (como pronostican algunos analistas privados: hasta 11.000 millones el BBVA; 17.000 millones Oxford Economics entre 2018 y 2019; incluso 26.000 millones en el peor escenario del Banco de España) las metas de déficit no están aseguradas y España podría meterse en problemas. Tanto por la desaceleración económica como por la situación fiscal.

La incertidumbre se dejará notar en los mercados, con efectos en Bolsa y un posible impacto en las primas de riesgo que encarecería la financiación de la economía española y obligaría al Tesoro español a pagar más intereses. España es una de las economías más endeudadas del mundo: la deuda pública está en torno al 100% del PIB y no termina de ir a la baja pese al fuerte crecimiento; el endeudamiento privado y el externo se han recortado, pero siguen siendo muy elevados. Cortesías de la Gran Crisis.

Menos presión por el déficit

El panorama, a pesar de todo, es mucho menos dramático que el año pasado: entonces, España salvó por los pelos una multa multimillonaria en Bruselas por sus continuos incumplimientos. Esta vez, el Gobierno prevé dejar el déficit este año en el 3,1% del PIB y bajar con creces del sacrosanto 3% en 2018.

Con la economía creciendo al 3% todo es mucho más sencillo. Y aunque la reactivación pierda fuelle por la incertidumbre política, España bajará con toda seguridad del listón del 3% de déficit el año próximo: eso supone una presión muy inferior por parte de la Comisión, porque supone salir del procedimiento de tutela de las cuentas públicas.

La situación es algo más compleja en países como Italia o Francia, aunque Bruselas ha optado por el guante de seda: el presidente Jean-Claude Juncker ha asegurado en una entrevista en este diario que hay que dejar la austeridad atrás y que el excesivo celo en el cumplimiento del déficit es “quizá el mayor error europeo en esta crisis”.

La traducción presupuestaria de esa máxima se dejará ver hoy: Bruselas señala que hay agujeros difícilmente explicables tanto en el presupuesto italiano como en el francés, según las fuentes consultadas. Pero sin consecuencias para París (que cerrará este año con un déficit en torno al 3% del PIB) y mucho menos aún para Roma, ante unos meses complicados, con las elecciones italianas en el horizonte.

Fuente: El País