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A las nueve de la mañana del domingo, el presidente cesado de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y los cuatro ex consellers que le acompañan en Bruselas, Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) entraron por su propio pie en una comisaría de Bruselas para entregarse y evitar el escarnio de una detención y la difusión de una imagen, esposados, que hubiera dado la vuelta al mundo.
La jugada del abogado Paul Bekaert, esbozada durante la semana, salió redonda. Hubo arresto, «privación de libertad» durante 12 horas, pero ni flashes, ni grilletes, ni preguntas de los medios. Sólo trámites administrativos y una vista a puerta cerrada con un intérprete, el abogado y los afectados. Cada uno por separado.
Al borde de la medianoche, el magistrado tomó su decisión: libertad provisional con medidas cautelares. De esta forma, no tendrán que ingresar en prisión mientras la instancia superior, la llamada Chambre du Conseil, se pronuncia en los próximos 15 sobre la petición de entrega de España. Pero durante ese tiempo tampoco podrán abandonar Bélgica, tendrán que comunicar una dirección fija y deberán presentarse ante las autoridades judiciales y policiales cuando así les sea requerido.
Hoy, Puigdemont ha recurrido a Twitter para presumir de su nueva situación: "En libertad y sin fianza. Nuestro pensamiento está con los compañeros injustamente encarcelados por un Estado alejado de la práctica democrática".
La ex consejera de Agricultura Meritxell Serret también ha celebrado la decisión del juez: "En Bélgica nos dan libertad sin fianza, mientras en España estaríamos en prisión".
Puigdemont y los cuatro consejeros se personaron a primera hora de la mañana en la Comisaría de la Rue Royale 202. Media hora después, Paul Bekaert, el letrado contratado el lunes, entró a pie en la sede de la Fiscalía de Bruselas, en el número 4 de la Rue de Quatre Bras, frente al Palacio de Justicia de la capital, donde los periodistas llevaban montando guardia desde el sábado. Y unos minutos después, en vehículos policiales, el resto de la comitiva llegó al edificio.
«Fueron puestos en custodia a las 9.17 horas, y en la presencia de sus abogados se les notificó oficialmente la Orden Europea de Arresto. Siguiendo los procedimientos un juez de instrucción se hará cargo , explicó Gilles Dejemeppe, portavoz de la Fiscalía de Bruselas (diferente a la Federal). «No iban esposados porque no suponían una amenaza para los agentes ni había riesgo de fuga. La entrega estaba pactada y han cumplido», confirmó.
Carles Puigdemont, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí. | EFE
El detalle de la entrega pactada es crucial. Por un lado se eludía la viralidad y un icono que habría sido usado en su contra, por ejemplo durante una campaña electoral. Las medidas cautelares, por cierto, no prohíben a Puigdemont ser candidato, al menos de momento, por lo que podría participar en actos desde Bélgica, ahora que su partido lo ve como candidato.
Pero además, de ello el grupo dio muestras de su compromiso y que, tal y como había anunciado en un tuit muy estudiado el día anterior, «estaba preparado para cooperar completamente con la Justicia belga», la «justicia verdadera».
El paso de ayer era el primero y el más sencillo. Tras recibir la Fiscalía Federal la Euroorden y traducirla, pasó la pelota a los llamados procuradores del Rey. El magistrado designado debía estudiar en detalle la solicitud de la Audiencia Nacional, y podía hacer tres y sólo tres cosas: rechazar la orden (o pedir más información a Madrid) si detectaba algún error de forma; o darla por buena y decidir si Puigdemont y sus colaboradores tendrían que ingresar en prisión hasta que la instancia superior decida sobre el expediente o bien liberarlos con condiciones.
El juez de ayer no entró en ningún momento en el fondo de la cuestión ni en la demanda en sí de España. Dejar en libertad a los cinco reclamados no presupone nada de los siguientes pasos. El magistrado debía analizar si había riesgos de nuevos delitos o una posibilidad de fuga. En eso se centró y la colaboración y la entrega fueron decisivos.
La pelota pasa ahora al tejado de la Chambre du Conseil, que en 15 días debe pronunciarse sobre la petición de Lamela. Sobre si los delitos de malversación, prevaricación, desobediencia a la autoridad, rebelión y sedición son suficientes. O si, contra lo que argumentará su letrado, hay riesgo de que en España no pueda tener un juicio justo ni se respeten los derechos fundamentales. Sea cual sea su decisión, las partes pueden recurrir hasta dos veces, primero a una corte de acusación y luego a la de casación. Por lo que el trámite se irá probablemente hasta 60 días, pasadas las elecciones del 21-D, o incluso a 90, en «circunstancias excepcionales».
El domingo, los ex miembros del Govern escogieron el neerlandés y no el francés como lengua para el proceso, a pesar de que ninguno de ellos lo entiende y de que varios como Comín y el propio ex president se manejan más que bien en francés. Bekaert es flamenco, pero además de la comodidad hay un claro intento de ganar todos los puntos posibles. Dentro del mundo flamenco el apoyo a la causa independentista es mayor, y la Defensa confía en que tenga algún peso. Dejemeppe garantizó que no ha habido ninguna presión política ni desde Madrid ni desde autoridades locales, pero ahora mismo en el ambiente si hay algo, es presión. El primer ministro, Charles Michel, «imploró» a sus ministros que dejaran de pronunciarse sobre Cataluña, pero los miembros más destacados de la N-VA, el partido más votado, hicieron oídos sordos.
El ministro del Interior, Jan Jambon, volvió a arremeter ayer contra el Gobierno español y a defender a Puigdemont y los consellers. «¿Qué han hecho de malo? Simplemente aplicar el mandato recibido de sus votantes. Cuando el Estado español encierra a dos líderes de opinión, me hago preguntas. Y ahora el Gobierno español actúa en el lugar de uno elegido democráticamente y sus miembros son encarcelados», aseguró. Incluso el ex primer ministro socialista Elio Di Rupo, uno de los más críticos con la presencia de Puigdemont en Bélgica, calificó el domingo de «franquista autoritario» el comportamiento de Rajoy ante el «abuso de posición» de Puigdemont. «Yo combato la política de Puigdemont, pero me impactaría mucho si la Justicia belga le metiese en prisión», tuiteó. «¿Cómo puedes ser tan ignorante? España no se porta así con Bélgica», le respondió por la misma vía Esteban González Pons, líder del PP en la Eurocámara.
Son de los que dispone la llamada Chambre du Conseil para pronunciarse sobre la orden europea de arresto y entrega emitida por la juez Carmen Lamela para Puigdemont y sus cuatro consejeros.
Una vez que la Chambre du Conseil se pronuncia, tanto la Defensa como la 'acusación', la Fiscalía belga en nombre de la Justicia española, pueden recurrirla si no están conformes. Disponen de un plazo para estudiarla, y la llamada Chambre des mises en accusation, una corte de apelación, vuelve a tener 15 días para valorar y decidir.
Son los que el ministro belga de Justicia, Koen Geens, estimó el viernes por la noche que podría durar el proceso en condiciones normales y según el marco jurídico europeo. Pues la opinión de la Chambre des mises en accusation puede ser apelada una vez más ante la Corte de Casación.
Son los máximos que el ministerio de Justicia estima que podría durar el expediente de la orden de extradición solicitada por la juez Lamela si se dieran "circunstancias excepcionales", como retrasos, problemas de traducción, recursos concretos y cualquier tipo de argucia legal para ganar tiempo.
Geens aseguró el viernes también que si los tribunales vengan aprueban la ejecución de la Euroorden, la entrega a España se produciría en un máximo de 10 días. Lo que daría un máximo de 100 días a todo el proceso legal. La media de entrega en todo caso, según las estadísticas policiales, es de apenas dos días.
En el pasado, los tribunales belgas han rechazado algunas peticiones de la Audiencia Nacional para la extradición. Los más conocidos son los de integrantes de ETA. Algunos lograron eludir a la Justicia española y otros, con el propio Paul Bekaert como abogado, lo pospusieron durante meses o años, llevando a España a recurrir a los tribunales europeos.
Fuente: El Mundo
