Las leyes europeas dicen que un trabajador desplazado es “un empleado que es enviado por su empresa para llevar a cabo un servicio en otro Estado miembro de la Unión Europea con carácter temporal”. Hasta aquí la definición está clara y en principio no debería haber problemas con este colectivo de trabajadores que, en muchos casos, pacta incluso con su empresa unas condiciones más beneficiosas para realizar su trabajo en otro país.

Otra cosa es cómo se viene empleando esta figura laboral de forma fraudulenta para enviar flotas enteras de trabajadores de países del este y sur de Europa –dónde existen peores condiciones laborales– a trabajar, con dichas condiciones, a países como Francia, Bélgica o Alemania, principalmente.

Desde el Parlamento europeo admiten que la actual regulación comunitaria, que data de 1996, en la práctica “suele traducirse en que a menudo los desplazados reciben una remuneración menor que los trabajadores locales por el mismo trabajo”. Los propios datos de la Comisión Europea, reconocen que los trabajadores desplazados pueden ganar hasta un 50% menos en algunos sectores y países. Esto está generando una competencia desleal (dumping) entre las empresas nacionales y las compañías que trasladan temporalmente a sus empleados a ese país.

La directiva original incluye que los desplazados deben cobrar el salario mínimo del país de acogida y respetar las condiciones mínimas de descansos, vacaciones y normas de seguridad e higiene. Pero nada más. Así, plantillas completas de trabajadores polacos o checos o también españoles, de empresas transportistas, manufactureras o de prestación de servicios trabajan en Francia o Bélgica con salarios y cotizaciones de sus países.

Los reiterados abusos detectados en los países de acogida de estos trabajadores hicieron que la Comisión, en marzo de 2016, propusiera la reforma de la directiva de mediados de los noventa, con el objetivo de aplicar las mismas reglas a trabajadores desplazados y locales y, sobre todo, igualar sus salarios.

Pero con la propuesta de reforma de dicha directiva se abrió la caja de los truenos entre los Estados del este –contrarios a endurecer esta regulación– y del oeste, liderados sobre todo por Francia, que sí persiguen igualar las condiciones laborales de desplazados y locales.

De hecho, ha sido el primer ministro francés Emmanuel Macron, el que ha convertido la lucha contra el dumping laboral transfronterizo en uno de los ejes de su política europea. En agosto pasado Macron realizó una gira por varios países del Este para recabar sus apoyos. Logró en parte el respaldo de la República checa, Eslovaquia, Bulgaria y Rumanía, así como el apoyo claro de Austria. Pero la alianza puede naufragar tras las elecciones del domingo en Austria (que han dado un vuelco hacia la derecha) y las de este viernes en Chequia.

España, que ha mantenido una tradicional resistencia a la directiva, ha evolucionado hacia “una posición más favorable”, según fuentes diplomáticas. El gobierno de Mariano Rajoy exige, sin embargo, una solución para el sector del transporte, que puede verse afectado por otra directiva paralela sobre conductores desplazados. Bruselas quiere aplicar las nuevas normas desde el primer día de salida del camionero; pero España exige que solo se apliquen a partir de la quinta jornada de la actividad internacional del camionero.

En este escenario, la maquinaria legislativa comunitaria se reactivó el lunes pasado, cuando la Comisión de Empleo del Parlamento europeo aprobó el texto de la nueva directiva reformada presentado por la Comisión Europea hace 18 meses. Este texto, que acaba de empezar a negociarse, sí obligaría a aplicar a los trabajadores desplazados todas las condiciones laborales del país de acogida; que podría incluso aplicar los convenios colectivos regionales, si son más beneficiosos para el trabajador. Los europarlamentarios también acordaron aplicar la directiva reformada al transporte hasta que haya una norma propia.

Si bien, ahora el pleno de la Eurocámara deberá validar este texto la próxima semana. Y, en paralelo, el Consejo de Ministros de Empleo de la UE confía en pactar una posición común el próximo 23 de octubre. Aunque sigue habiendo serias diferencias sobre el límite temporal para el desplazamiento de un trabajador a otro país (el texto aprobado propone 24 meses), la remuneración y las subcontratas. Así, el acuerdo definitivo, si llega, podría tardar aún en ver la luz.