El desafío legislativo que tuvo lugar ayer en el Parlament de Cataluña, donde se aprobó la ley del referéndum de independencia previsto para el 1 de Octubre haciendo caso omiso al protocolo parlamentario y a las advertencias de los letrados, puso en marcha una maquinaria judicial que tendrá hoy sus primeras consecuencias.

De un lado, el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, ha comparecido a la una de la tarde para anunciar las actuaciones que se tomarán frente a la aprobación de la ley de referéndum catalán.

La Fiscalía, ha explicado Maza, ha decidido actuar “ante la gravedad de la situación generada en la comunidad de Cataluña” en lo que supone “una violación de la Constitución y del propio Estatuto de Autonomía, desobedeciendo lo reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional” para convocar “el denominado referéndum de autodeterminación”.

Las querellas se presentarán “al menos” por delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos. Además, ha anuciado Maza, las distintas fiscalías del país, con ayuda de la Policía Judicial y el resto de fuerzas del Estado, actuarán para evitar los preparativos del referéndum ante los indicios de inconstitucionalidad.

La Fiscalía, ha detallado, ha dado “instrucciones para que las Fiscalías catalanas, con el auxilio de la Policía Judicial (Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra) investiguen cualesquiera actuaciones dirigidas a la organización del referéndum ilegal, al ser indiciariamente constitutivas de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos al menos”. “Se van a cursar las órdenes oportunas para que la Policía Judicial intervenga los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal”, ha añadido.

La Fiscalía Superior de Cataluña ya anunció el miércoles que se querellará contra Forcadell y los miembros de la Mesa del Parlament por desobediencia y prevaricación al admitir a trámite la ley de referéndum.

El Constitucional rechaza su recusación

De otra parte, porque el asunto pasa a manos del Tribunal Constitucional que, según confirman fuentes judiciales a este diario, ha alterado su orden del día para tratar en el pleno de hoy las dos primeras peticiones que rodean la aprobación del referéndum: la tramitación de la norma y la recusación de los magistrados solicitada por los independentistas.

Lo primero que ha abordado el Tribunal Constitucional ha sido la recusación presentada contra sus 12 magistrados por la presidenta de la Mesa del Parlament, Carme Forcadell, que les acusa de “falta de imparcialidad”.

El Tribunal ha rechazado de plano y por unanimidad la petición al señalar que se trata de una recusación “genéricamente formulada” y que, aunque se refiere al conjunto de los magistrados, en realidad “va dirigida al órgano mismo y no a sus integrantes”.

Una recusación así, “carece de sustantividad jurídica y no es acreedora de una decisión sobre el fondo”, subraya el Tribunal, que recuerda que ya ha rechazado peticiones similares que ha calificado “de impertinentes y abusivas”.

El análisis de la ley de referéndum

Fuentes jurídicas consultadas preveían este resultado y apuntan a que la petición respondía presumiblemente a una estrategia dilatoria para ganar algo de tiempo hasta que el Tribunal abordase el posible carácter inconstitucional de la norma o las irregularidades de su tramitación.

En cuanto a la ley de referéndum, hay dos frentes distintos que el Tribunal acabará abordando. De momento, el pleno tiene previsto analizar hoy el proceso de tramitación de la norma, que contraviene varios de sus fallos, por lo que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presentó ayer un incidente de ejecución contra la resolución de la Mesa del Parlament.

Queda pendiente, en todo caso, la evaluación de la norma en sí, que el Ejecutivo tiene previsto recurrir de forma inminente una vez que el Consejo de Ministros, que previsiblemente celebrará hoy un encuentro extraordinario, reciba el informe preceptivo del Consejo de Estado y presente un recurso ante el Constitucional.

En el momento en que el Tribunal Constitucional acepte a trámite el análisis de la Ley de Referéndum esta quedará en suspenso junto a todos los reglamentos o normas que puedan desarrollarse a partir de ella.

Por otra parte, según fuentes del Alto Tribunal citadas por Europa Press, el Constitucional también ha recibido un recurso de amparo presentado por el Partido Socialista de Cataluña (PSC) en el que denuncia que los derechos de sus parlamentarios fueron vulnerados en la sesión de ayer.

Fuente: Cinco Días