El rey Felipe VI ha presidido esta mañana en el salón de plenos del Tribunal Supremo (TS) la apertura del Año Judicial. Sobre este acto, que ha arrancado con el discurso de la fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha sobrevolado la próxima votación del 1 de octubre y la situación legal de Cataluña.

Tras presentar los datos de la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2016, Maza ha querido referirse a la situación que vive Cataluña y ha dejado constancia de que "frente a las vías de hecho en las que se está incurriendo por algunos, con grave quebranto del orden constitucional, la Fiscalía ha seguido y seguirá actuando en defensa de nuestro Estado democrático y de derecho".

"Por tanto", ha añadido el fiscal general del Estado, "frente a la sinrazón de quienes se sitúan al margen de la ley, del Estado de Derecho y de la democracia, no caben vacilaciones de clase alguna".

Por todo ello, Maza ha garantizado, ante el rey y el presidente del TS y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se llevará a cabo una actuación "serena y siempre sometida a la norma, pero tan firme y enérgica como requiera la preservación".

Tras el discurso de Maza, el presidente del TS y del CGPJ ha proclamado que frente a las "inaceptables" voluntades unilaterales que sólo contemplan la ruptura o la separación como mecanismo de preservación de lo que consideran más propio, "nadie sufrirá por cumplir la ley".

Durante su discurso, Lesmes ha afirmado que la indisoluble unidad de la nación española que proclama el artículo 2 de la Constitución es un "mandato jurídico directo" que corresponde garantizar al Poder Judicial "junto al resto de los poderes del Estado. En definitiva, un deber para todos nosotros de inexcusable cumplimiento".

El presidente del TS ha insistido en este sentido en que "las voluntades unilaterales que pretenden disponer de la Constitución y que sólo contemplan como mecanismo de preservación de lo que consideran más propio la ruptura o la separación son inaceptables y violentan la propia democracia, pues ningún principio democrático puede amparar ni legitimar que una parte disponga del todo".

Fuente: Expansión