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Una semana antes del plazo de seis meses que se había fijado, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, anunció ayer el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, propiedad al 50% de Endesa e Iberdrola, a través de Nuclenor. Más concretamente, Energía ha denegado la renovación del permiso de explotación de la vieja central burgalesa, por lo que el cese de la licencia aprobado en la orden del 5 de julio de 2013 “pasa a considerarse definitivo a todos los efectos”, indicó el ministerio.
Con esta decisión, se pone fin a un culebrón que arrancó en el verano de 2009, cuando el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (partidario acérrimo del cierre pero que no fue capaz de resistir a las presiones de las empresas y la oposición del PP), aprobó ese año el cierre diferido de la planta para el 6 de julio de 2013, fecha en la que ya gobernado el Partido Popular.
El titular de Energía expuso varias razones para justificar la clausura de una planta que el pasado mes de febrero recibió el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para funcionar hasta 2031 condicionado a la realización de inversiones, que se calculan en más de 200 millones.
Según Nadal, además de tratarse de la central más antigua de España, de las llamadas de primera generación que entró en funcionamiento en 1970, su reducida capacidad (apenas 466 MW) hacía que su aportación al sistema eléctrico sea mínimo. O nulo si se tiene en cuenta que las dos grandes eléctricas la pararon unilateralmente en diciembre de 2012 para evitar el pago de las nuevas tasas nucleares que el Gobierno aprobó como uno de los remedios contra el déficit de tarifa, que entraron en vigor el 1 de enero de 2013. Una maniobra que les supuso una sanción superior a los 18 millones de euros por parte de la antigua Comisión nacional de la Energía (CNE).
Energía dice que el cierre de la central, parada desde 2012, no afecta al sistema
Además de haber cumplido su vida útil, su puesta en marcha requeriría “fuertes inversiones”, como las derivadas de los test de estrés que el resto del parque realizó tras el accidente de Fukushima. Según el ministro de Energía, solo su puesta en macha se demoraría dos años. “Garoña es una excepción en la planificación, porque en los años que lleva parada se ha constatado que no ha tenido repercusión en el sistema”, indica el ministerio.
Otras razones no menos importantes esgrimidas por Nadal son de tipo político y empresarial. Así, recordó que todos los partidos, excepto el PP, pidieron en noviembre el cierre de Garoña y, ya en febrero, respaldaron una proposición de ley del Grupo Socialista para su clausura.
Este consenso político y el litigio abierto entre Endesa e Iberdrola (esta última partidaria del presentar la renuncia, algo que Endesa no le ha permitido), han llevado al Gobierno ha enterrar Garoña. Y es que, según Nadal, “todas las instalaciones necesitan una certidumbre para funcionar”.
Este lamentó la “ausencia de un debate sosegado sobre Garoña”, un proceso en el que ha primado, su opinión, el prejuicio y las ideas preconcebidas. Y la calificó como “un símbolo de confrontación política”,
Nadal negó que el cierre de la vieja nuclear sea un precedente para el resto del parque, por el que el Ejecutivo sigue apostando, ya que se trata de “una producción en base, que no emite CO2”. Y reiteró que su cierre supondría un encarecimiento de los precios eléctricos en España del 25%. “Lo más importante para el Gobierno es el bolsillo de los ciudadanos; la competitividad de las empresas y el cumplimiento de los objetivos medioambientales”, subrayó el ministro.
Sobre la posibilidad de que las eléctricas utilicen como arma de presión las próximas renovaciones de licencia (la siguiente será Almaraz I, en 2020) para exigir una bajada de la fiscalidad, el ministro dijo que el Gobierno “no va a permitir que eso ocurra. La tasa está muy bien calculada y no va a subir ni a bajar”.
En su decisión, el ministerio dice haber tenido también en cuenta las 17 alegaciones presentadas a finales de julio por las entidades personadas en el proceso, la inmensa mayoría contraria a la reapertura.
10 años para desmantelar
Tras la declaración del cese de la explotación, y previo informe del CSN, el ministerio deberá aprobar la autorización de desmantelamiento y la clausura. El permiso de desmantelamiento debe solicitarlo Enresa, la empresa pública encargada de ello, a la que se transferirá la titularidad.
Antes de esta concesión se realizará un predesmantelamiento, para el que Nuclenor debe sacar el combustible gastado de la piscina, para lo que será necesaria la construcción un Almacén Temporal Individualizado (ATI), que Garoña ya había puesto en marcha. El ministerio prevé que el desmantelamiento se inicie seis años después de la parada definitiva y que dure unos 10 años.
Tras conocerse la decisión del Gobierno de no permitir la reapertura de Garoña, sus propietarias reaccionaron con total tranquilidad, pese al cisma vivido en el seno de Nuclenor, con Iberdrola partidaria del desistimiento de la licencia, y Endesa, que prefería esperar a que Energía se pronunciase.
Así, en declaraciones a los medios, la eléctrica que preside Borja Prado, señaló que “a lo largo de todo el proceso, Endesa ha mantenido siempre la misma posición, constante y coherente, de no no desistir de la solicitud de renovación de la autorización y facilitar que el Gobierno adoptara una decisión al respecto bajo condiciones que fuesen técnica y económicamente viables”. En este sentido, como adelantó CincoDías, en la última reunión del consejo de Nuclenor del 19 de julio, Endesa propuso la presentación de una serie de alegaciones para lograr la viabilidad económica de la planta por parte del ministerio , lo cual “no fue aceptado por el otro socio”.
Iberdrola consideró ayer “coherente la decisión del Gobierno”, ya que “no afecta ni a la seguridad del suministro eléctrico en España, dado que la instalación no está operativa desde hace cinco años, ni al precio de la luz que pagan los consumidores”. La eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán recuerda que “ha defendido, desde hace más de un año y medio, el cierre de esta instalación al considerar que, aun siendo segura desde el punto de vista técnico, su continuidad era económicamente inviable”.
Ambas ofrecen ahora su colaboración al Gobierno. Iberdrola quiere contribuir “a dar cumplimiento, a la mayor brevedad posible”, al contenido de la orden que plasmará el cese de garoña y las actuaciones que se deriven del mismo.
Endesa, por su parte, señaló que su actitud “no puede ser otra que respetar y asumir esa decisión, colaborar lealmente en su cumplimiento y, por consiguiente, ejecutar las operaciones conducentes al desmantelamiento seguro de la instalación”. Y subraya que esta decisión afecta solo a una central que acumula unas pérdida de 360 millones, pero no es un precedente para el resto del parque, para el que reclama una ampliación de la vida útil más allá de 40 años. Sin dicho alargamiento, “no sería posible cumplir los objetivos medioambientales y se produciría un fuerte incremento de los precios”.
Con el cierre de Garoña, cuya propiedad será traspasada a la Enresa para su desmantelamiento, se pone fin al matrimonio de conveniencia que Endesa e Iberdrola mantenían en ella a través de Nuclenor. Las dos mayores eléctricas compartían al 50% la central más antigua de España. En los años en que la generación nuclear era la más rentable, todo fueron parabienes entre las rivales. Estas actuaron como una piña cuando en 2009, a dos años de cumplir los 40 años de vida útil, el entonces presidente del Gobieno, José Luis Rodríguez Zapatero, se empeñó en cerrar de Garoña, pese al dictamen favorable del CSN.
Endesa e Iberdrola hicieron un frente común en defensa de Garoña en una feroz campaña que contrastó con el cierre, sin pena ni gloria, de la central de Zorita, propiedad de la antigua Unión Fenosa. La campaña se saldó con una prórroga hasta 2014, que se convirtió en interminable hasta la decisión de ayer. Al consejo de Nuclenor tampoco le tembló el pulso cuando decidió suspender la actividad de la planta en diciembre de 2009, previa extracción de las barras de uranio del reactor, para evitar el pago de la nueva tasa sobre los residuos radiactivos, que entró en vigor el 1 de enero de 2013.
Fue en 2016 cuando los socios empezaron a disentir: Iberdrola, presionada por las instituciones vascas (la eléctrica tiene sede en Bilbao y Garoña está ubicada en la frontera entre Burgos y Álava), manifestó públicamente su intención de cerrarla. Ya sea por considerarlo una deslealtad o porque no tenía ninguna prisa, Endesa (también partidaria del cierre por la falta de rentabilidad de Garoña) ha bloqueado hasta el último momento la insistente petición de Iberdrola de solicitar lisa y llanamente el cierre. Esta compañía, con un gran parque de gas ocioso ha llegado incluso a plantear el cierre de todo el parque nuclear.Para dar paso a sus ciclos combinados, coinciden en el sector.
Las dos eléctricas comparten también el accionariado de Almaraz y Vandellós, pero la primera la controla Iberdrola y la segunda, Endesa.
Fuente: Cinco Días
