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El proceso independentista catalán sigue con nervio en las calles. Han aparecido las primeras desavenencias en el seno del Ejecutivo autonómico, pero el posible referéndum copa buena parte de la agenda política española. Y aun así el procés apenas tiene tracción en Europa: nadie en Bruselas quiere hablar abiertamente de Cataluña; como mucho, los líderes musitan, preferiblemente en voz baja, diversas variantes de las últimas declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron: “Solo tengo un interlocutor, que es España”. Media docena de fuentes consultadas en las instituciones repiten con insistencia que “Cataluña es un asunto interno de España”. Con dos apostillas. Una: casi nadie en Bruselas cree que el referéndum acabe celebrándose. Y dos: todo ese ruido puede tener una derivada perjudicial para Barcelona. “El pulso entre los nacionalistas y el Gobierno español no favorece la candidatura de Barcelona a la Agencia del Medicamento”, afirma una alta fuente europea a este diario bajo el estricto off the record habitual en estos asuntos.
“Esa agencia se reubica porque un socio, el Reino Unido, ha decidido irse de la Unión Europea; que la ciudad presentada por España, si gana, pueda provocar una segunda reubicación no beneficia, ni mucho menos, las posibilidades de Barcelona”, explican fuentes diplomáticas europeas. Otras fuentes subrayan que el propio Gobierno español ha establecido indirectamente ese vínculo con claras consecuencias políticas: “Si al final hay referéndum, que coincidiría prácticamente con las fechas en las que hay que decidir la ubicación de la agencia [en octubre de este año], el desincentivo es evidente”. “España ofrece un aliciente a Cataluña, que habla de los beneficios de pertenecer a un Estado miembro de la UE. Y de paso deja un mensaje claro para la comunidad internacional con el objetivo de acabar con la absurda idea de que Rajoy es una especie de Erdogan y Puigdemont una suerte de Martin Luther King”, ironiza la citada fuente.
Barcelona está lista para acoger la Agencia del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), con casi un millar de altos funcionarios en plantilla, que debe mudarse desde Londres a una ciudad de la UE como consecuencia del Brexit. El Gobierno español, y el resto de instituciones involucradas, han defendido las bondades de la candidatura en Bruselas: una ciudad fascinante, con una sede atractiva –la torre Agbar—, una oferta hotelera y de infraestructuras de primer nivel, y sobre todo una densa comunidad científica, farmacéutica y de investigación biomédica.
Las últimas visitas del president Carles Puigdemont se cerraron con sonoros fracasos. El vacío institucional con el que se ha encontrado Puigdemont en Bruselas contrasta con las visitas de otros dirigentes autonómicos: el jefe de la Comisión, Jean-Claude Juncker, sí ha visto a Iñigo Urkullu o a Ximo Puig en los últimos meses. La delegación catalana cree que la nueva presidencia rotatoria de la Unión, en poder de Estonia, puede favorecer las aspiraciones del Ejecutivo autonómico. Pero el Gobierno del país báltico tampoco quiere sorpresas: la presidencia estonia la Unión repite el soniquete de que Cataluña es “un asunto interno” y no piensa interceder en el asunto, según un portavoz.
La Comisión ha puesto en marcha un proceso basado en criterios supuestamente técnicos, y nadie tiene dudas de que con ese baremo Barcelona entra dentro del ramillete de favoritos, junto con Copenhague, Ámsterdam, Dublín, Milán, Viena o, por otras razones, Bratislava (con menos pedigrí pero en un país del Este y bien conectada con Viena). Pero Bruselas se ha especializado en los últimos tiempos en disfrazar con tecnicismos decisiones que son eminentemente políticas. Y ahí Barcelona tiene las de perder: “Desde la etapa de Prodi, la consigna es que si un país se rompe, la región que se va pasa a ser un país tercero. Todo el mundo tiene eso en la cabeza. El procés en sí apenas tiene eco en Bruselas, pero está claro que el ruido no ayuda y las consultoras ya se han encargado de destacarlo en sus informes”, subraya un alto funcionario comunitario. El Consejo comparte esa opinión, aunque nadie quiere expresarse públicamente para no avivar, aún más, el fuego. El embajador de España ante la UE, Pablo García Berdoy, aseguró recientemente en un acto celebrado en Barcelona que la convocatoria de referéndum “no ayuda”. Pero fuentes españolas subrayan que nadie en las instituciones europeas ha dicho absolutamente nada al respecto.
El procés es el elefante en la habitación de la candidatura de Barcelona. Pero hay una institución que sí habla abiertamente de ello: las voces más audibles se encuentran en el Parlamento Europeo. El líder del Partido Popular Europeo, el alemán Manfred Weber, es tajante: “Es obvio que las regiones que han abierto un debate que les obligaría a marcharse de la UE tendrán posibilidades muy limitadas de hacerse con las agencias que hay que reubicar”. En el otro extremo, Ramon Tremosa, liberal de PDeCat, subraya que lo único que puede perjudicar a Barcelona como sede de la EMA “es la falta de voluntad política del Gobierno español y que España ponga por delante otros objetivos, como recuperar la silla en el consejo de gobierno del BCE perdida en 2012”. El eurodiputado socialista Javi López subraya que la situación política “no ayuda”, pero añade que aun así Barcelona tiene posibilidades de éxito porque “todas las Administraciones, española, catalana y municipal, han ido de la mano, sin fisuras”. Ernest Urtasun, de ICV, destaca también ese aspecto: “Se ha dado una imagen de unidad que puede favorecer a Barcelona”.
Fuente: El País
