La Comisión Europea ha abierto expediente contra España por las medidas legales adoptadas para restringir y dificultar las posibilidades de reclamar una indemnización al Estado cuando la administración infringe el derecho comunitario.

Bruselas acusa a España de “hacer que sea excesivamente difícil comprometer la responsabilidad del Estado por una infracción de la legislación de la UE”.

La CE considera, además, que el Gobierno ha establecido condiciones más duras para reclamar a raíz de una infracción de la legislación europea que cuando se trata de una infracción de la legislación española.

El organismo comunitario, presidido por Jean-Claude Juncker, concede a España un plazo de dos meses para alegar. Si el conflicto se mantiene, Bruselas podría presentar una denuncia ante el Tribunal de Justicia europeo, aunque los especialistas en derecho comunitario creen que el Gobierno tiene todas las de perder y rectificará antes de llegar a la Corte de Luxemburgo.

El abogado Isaac Ibáñez García, que presentó ante la CE la denuncia que al parecer ha desencadenado el expediente contra España, se muestra convencido de que “la norma es contraria al Derecho de la UE porque hace prácticamente imposible o muy difícil obtener una indemnización, sobre todo, para el ciudadano medio”.

Para pedir una indemnización tras un fallo del Tribunal europeo, la norma española exige haber reclamado y ganado con anterioridad ante un tribunal nacional. La ley también fija un plazo para reclamar de un año a partir de la sentencia del Tribunal europeo, por lo que los damnificados más recientes tal vez ni siquiera hayan tenido tiempo de defenderse a nivel nacional.

La combinación de ambas medidas puede dejar indefensa a gran parte de la población perjudicada por una norma ilegal, salvo que hayan recurrido de manera previa para protegerse.

La estrategia pretende evitar que se repita un aluvión de reclamaciones como el de 2014 tras la sentencia del céntimo sanitario.

El veredicto tuvo un impacto en las cuentas de aquel año de unos 1.400 millones de euros y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, achacó a esa factura el incumplimiento del objetivo de déficit público. Montoro maniobró para reducir el número de personas y empresas de transportes indemnizadas por haber pagado un impuesto ilegal que recaudó 13.000 millones de euros entre 2002 y 2010.

El Consejo de Ministros, a instancia de Montoro, rechazó las reclamaciones de 1.395, aunque el Supremo obligó después a aceptarlas. La nueva ley, que entró en vigor en octubre de 2016, pretende evitar que se repita otro tropezón presupuestario, aunque sea a costa de denegar el legítimo derecho a una compensación.

Ibáñez se muestra convencido de que la UE anulará la norma, entre otras cosas, porque invade las competencias del Tribunal de Luxemburgo. Un país no puede limitar de antemano el alcance las sentencias de esa Corte”, señala el abogado.

Y el abogado advierte también contra el riesgo de un efecto colateral que colapse aún más los tribunales españoles: “Esta regulación alienta una elevadísima litigiosidad con carácter preventivo, lo que resulta difícilmente justificable”.