Jordi García Brustenga, director general de Estrategia Industrial y de la pyme del Ministerio de Industria y Turismo
El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes el proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, que ha sido impulsado desde el Ministerio de Industria y Turismo. Aunque a última hora han surgido algunas diferencias entre los dos partidos que forman el Gobierno, PSOE y Sumar, relacionadas con la devolución de las ayudas públicas otorgadas a empresas que posteriormente se deslocalicen, no parece que este asunto vaya a paralizar el envío de esta normativa a Las Cortes.
Esta nueva Ley de Industria tiene como objetivo actualizar la actual, que data de 1992, momento en el que la realidad industrial y social era muy distinta a la actual. Así lo destacó Jordi García Brustenga, director general de Estrategia Industrial y de la pyme del Ministerio de Industria, durante su intervención en la jornada ‘El Informe Draghi: propuestas para recuperar la competitividad farmacéutica europea’, organizada por Diariofarma en colaboración con Amgen, Johnson & Johnson y Merck.
Durante su intervención, García Brustenga señaló tres aspectos fundamentales de esta nueva normativa que serán especialmente relevantes para el sector farmacéutico.
En primer lugar, el director general explicó que “se pone dirección a la política industrial con una Estrategia nacional de industria y autonomía estratégica”. A partir de esta estrategia se identificarán una serie de ecosistemas estratégicos, entre los que podría incluirse alguno vinculado al ámbito farmacéutico, sobre los que “poner un foco especial” durante los seis años de vigencia de esta estrategia. Además, señaló que se establecerán “retos estratégicos transversales que afectan a más de un sector”.
En segundo lugar, destacó la creación de la Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial (Recapi), que será el instrumento encargado de gestionar la autonomía estratégica. Según explicó, esta herramienta consistirá en una “identificación colectiva” entre el Gobierno y el sector privado para determinar cuáles son las cadenas de suministro críticas “sobre las que se quiere reducir la dependencia exterior”. Dentro de este contexto, se identificarán empresas que, de forma voluntaria, deseen certificarse como “contribuidoras a la autonomía estratégica” en áreas específicas, como determinadas líneas de producción o el desarrollo de actividades de I+D orientadas a encontrar alternativas que reduzcan dependencias estratégicas. García Brustenga subrayó que, dado lo aprendido durante la pandemia de la covid-19, el sector sanitario y farmacéutico tendrá una representación especialmente relevante en esta Recapi.
En tercer lugar, el director general señaló que otra de las cuestiones que se abordan en esta nueva normativa es la reducción de la burocracia. En este sentido, indicó que se trabajará en una simplificación administrativa y en el desarrollo de registros integrados para empresas industriales, “para que no tengan que ir presentando a cada comunidad autónoma, a cada ministerio, los mismos documentos”. Igualmente, se fomentará la transferencia de conocimiento dentro del territorio nacional. Para ello, el Ministerio de Ciencia e Innovación, en colaboración con el Ministerio de Industria, trabajará para que, tras la transferencia de conocimiento, este se quede en España y llegue al mercado con el apoyo de las instituciones públicas.
Con estas medidas, la nueva Ley de Industria busca modernizar el marco legislativo y adaptarlo a los retos actuales, promoviendo la competitividad y la autonomía estratégica del sector industrial español, con un enfoque destacado hacia el ámbito farmacéutico.
Fuente: Diario Farma