ESPAÑA LIDERA LA 'GRAN ROTACIÓN' DEL EMPLEO EN LA UE PESE A LA REFORMA LABORAL

En los últimos tres meses de 2022, 1,25 millones de ocupados empezaron un nuevo empleo, el 6,1% del total del empleo. Una cifra que resultaría positiva si no fuera porque en ese periodo 1,18 millones de trabajadores se fueron al paro, el equivalente al 5,8% de la ocupación y el porcentaje más elevado de toda la Unión Europea. Son las dos caras de una 'Gran Rotación' del empleo que la reforma laboral no ha logrado corregir en su primer año en vigor.

La estadística de inicios y abandonos recientes del empleo cobró especial relevancia a partir de 2020 como una herramienta para estimar el impacto de la evolución crisis sanitaria en el empleo. Más allá de otras métricas, como la de flujos de la población activa, (que compara quién era parado, ocupado o inactivo en el trimestre anterior), lo que busca es determinar la volatilidad de los puestos de trabajo en el periodo lo más corto posible.

A priori, parece lógico que, históricamente, España ocupe los primeros puestos de la Unión Europea: antes de la reforma, nueve de cada diez contratos que se firman cada mes son temporales. Ahora son seis de cada diez. Sin embargo, al analizar los datos con los del resto de Europa hay muchos detalles que no encajan.

En primer lugar, los datos de recién empleados y recién desempleados no son proporcionales en el resto de Europa. Es decir: España tiene la mayor tasa de ocupados que comienzan un trabajo después de Finlandia (7,4%) y Dinamarca (6,6%), pero su tasa de recién desempleados es aproximadamente la mitad (3,9%) y (2,9%). En España, ambos porcentajes solo se llevan tres décimas de diferencia.

Además, la temporalidad no parece ser un factor determinante. La prueba en este caso la da Países Bajos, cuyo peso de contratos eventuales supera el de España. Sin embargo, aunque su tasa de inicios laborales es del 5,9%, la de nuevos desempleados es del 0,5%.

La explicación a estas dos incógnitas está en la definición de los conceptos estadísticos. El de los recién empleados ('recent job starters') se atiene a su nombre, pero el de los abandonos laborales recientes ('recent job leavers') incluye un matiz: que además de haber dejado su empleo en los últimos tres meses, sigan desempleados cuando se les entrevista para  la Encuesta de Fuerza Laboral.

Estancamiento tras la reforma

La estadística parece apuntar que en los mercados laborales más dinámicos la gente siga menos tiempo en desempleo, aunque la causa sea el un de un contrato temporal. En España eso no ocurre, y por eso casi se mandan a tantos trabajadores al paro como los que se contratan. Sería una de las razones por la que nuestra tasa de paro sigue estancada por encima del 12%.

Sin embargo, la lectura más sorprendente de los datos de 2020 es que la reforma laboral no parece haber corregido esta situación, pese al innegable incremento de la contratación indefinida y los ocupados con empleos más estables, en cerca de diez puntos. La cifra de despidos recientes encadena dos trimestres consecutivos al alza, mientras la de nuevos trabajadores se ha reducido. Aun así, ambos se mantienen en niveles similares a los de antes de la pandemia.

Los datos de Eurostat no indica qué tipo de contrato tiene estos trabajadores ni las razones por las que dejaron su empleo: un despido, el fin de un contrato temporal o el pase a la inactividad de un fijo discontinuo (una situación que la EPA, base de Eurostat, puede considerar parado o inactivo, a diferencia de los registros del SEPE).

Los datos de 2022 de afiliación apuntan a que las altas y bajas de trabajadores con empleos eventuales se ha reducido, pero este retroceso ha sido matizado por una mayor volatilidad de los asalariados indefinidos, en especial entre los fijos discontinuos. Pero cómo se traslada esta evolución a la ocupación sigue siendo materia de debate tanto entre los economistas como entre los políticos. Ante tal contexto, esta estadística, pensada para reflejar el impacto de la pandemia a corto plazo, puede resultar una herramienta muy a tener en cuenta.

Fuente: El Economista