La Comisión Europea ha subrayado que es "esencial" que España apruebe la reforma del sector de la estiba después de que este jueves el Pleno del Congreso rechazase el real decreto ley del Gobierno, al mismo tiempo que ha señalado no hay un plazo límite concreto pero que el recurso que ha presentado ante la justicia europea propone multas económicas que crecen por cada día que no se aprueba la reforma.

"A pesar del rechazo al decreto propuesto por el Gobierno, es esencial que España reforme el sistema de trabajo portuario, que no está en línea con la legislación europea. También es una cuestión de competitividad para los puertos españoles", ha afirmado en una rueda de prensa este viernes la portavoz de Transportes del Ejecutivo comunitario, Anna-Kaisa Itkonen.

"Invitamos a España a cumplir con la sentencia de diciembre de 2014 del Tribunal de Justicia (TUE) y con sus obligaciones como miembro de la Unión Europea", ha remarcado la portavoz, para después añadir que Bruselas "está como siempre preparada para asistir a las autoridades españolas".

Itkonen también ha señalado que no existe una fecha límite "específica", pero ha recordado que se trata de un procedimiento de infracción "en marcha" y que el recurso del Ejecutivo comunitario propone multas concretas hasta que España apruebe la reforma.

La portavoz se refiere a las dos multas propuestas por Bruselas, sobre las que aún tiene que fallar la justicia europea. La primera de ellas impone una sanción diaria de 27.522 euros desde el día en el que el TUE declaró ilegal es sistema de trabajo portuario español, el 11 de diciembre de 2014. El montante acumulado hasta hoy por esta multa es de 22,8 millones.

La segunda sanción supondrá, si es confirmada por el tribunal, una cuantía diaria de 134.107,2 euros desde el momento en que la justicia europea falle su segunda sentencia. En cualquier caso, se trata únicamente de propuestas de la Comisión Europea, que el futuro fallo del TUE puede modificar o confirmar.

Además, la justicia europea todavía puede tardar unos meses en pronunciarse sobre el caso. Según los datos del propio tribunal, la duración media de los procedimientos es de 14,7 meses y el recurso de la Comisión Europea fue presentado en julio de 2015.

Fuente: El Mundo