APROBADA LA "LEY CELAÁ" QUE REBAJA LA EXIGENCIA Y CARGA CONTRA LA CONCERTADA

El Gobierno suprime los itinerarios para los alumnos de Secundaria y rebaja los requisitos para pasar de curso y para obtener los títulos de ESO y Bachillerato para favorecer la FP.

El Gobierno dio ayer luz verde a la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe o Ley Celaá), que pretende enmendar la plana a lo que queda de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y que carga contra los centros concertados, los colegios privados, la religión y los itinerarios en Secundaria. La reforma, planteada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional hace poco más de un año, no pudo llegar al trámite parlamentario por el adelanto electoral. Sin embargo, al tratarse de un texto idéntico al de 2019, este procedimiento será más breve, pudiendo entrar en vigor de cara al curso 2020-2021, ya que se puede iniciar directamente el trámite parlamentario, sin pasar por los órganos consultivos.

• Acabar con los itinerarios. La nueva norma pretende ser "la primera pieza de todo un proyecto educativo que va a tener un gran impacto transformador en el sistema educativo español, que se fundamenta en la excelencia y en la equidad", según resumió Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Esto implica, en su opinión, acabar con los los itinerarios en Secundaria que trazó la Lomce, que habrían dejado encajonados a muchos alumnos. "Donde había barreras establecemos una ancha avenida con distintos caminos que llevan a la titulación de Secundaria", señaló, apostando por ampliar el número de alumnos que logran el título de Secundaria.
• Limitar las repeticiones. Como derivada, la Ley Celaá también apunta contra lo que la ministra calificó como "repeticiones indeseables" por parte de los alumnos, que se habrían incrementado con la anterior norma. "Nadie puede quedar atrás, porque un país necesita el talento de todos", sentenció. Con el texto planteado ayer, los estudiantes podrán pasar de curso en la ESO con más de dos asignaturas suspensas "de forma excepcional" si el equipo docente lo considera. Con ello, se pretende reducir el número de alumnos que repiten curso y también elevar la cifra de quienes finalmente se acaban graduando, tanto en Secundaria como en Bachillerato, ya que este último título se podrá obtener "por compensación" pese a tener alguna asignatura sin superar, algo que ha suscitado críticas por la devaluación del título que implica. Con ello, no obstante, el Ejecutivo trata de dar un impulso a la Formación Profesional, ya que señala que muchos alumnos no pueden acceder a esta etapa por no tener el título previo.
• Contra la segregación por sexos. Además, buena parte de las medidas cargan contra la educación concertada y privada, la enseñanza de religión, la autonomía de los centros o la educación en castellano. Por ejemplo, la ministra Celaá señaló que se dará preferencia en los convenios a los centros concertados a los centros que no segreguen por sexos. Además, había señalado anteriormente que se eliminaría la alusión de la Lomce a la "demanda social" que favorecía a quellos colegios e institutos más demandados (en muchos casos, concertados), ya que, según dijo, se trata de un "eufemismo para propiciar que la escuela pública pueda ser considerada subsidiaria de la concertada". "Esta es una ley que busca la justicia o equidad, que es dar a cada uno lo que corresponde y esto no puede ser confundido con una resta de libertad. Al contrario, es libertad para todos", recalcó.
• Menos plazas en la concertada. Además, otro ataque a los centros concertados es la intención de Moncloa de evitar la "segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de cualquier otra naturaleza", lo que abre la puerta a un nuevo reparto del alumnado con necesidades específicas o educativas (por su situación social o dificultades de aprendizaje) entre los centros públicos y concertados, sin prever ninguna aportación económica adicional, al tiempo que limita la capacidad de elección de los padres. Otra vía para restar recursos a la concertada pasa por el cambio en el sistema de asignación de grupos, ya que la nueva norma otorga a la Administración la posibilidad de programar la oferta de centros en función del cálculo del número de alumnos y cerrar grupos en la concertada antes de que los padres se pronuncien sobre el colegio que quieren para sus hijos. Esto podría limitar la cantidad de alumnos en la escuela concertada.
• Mazazo a la Religión. Asimismo, la ministra asesta un golpe a la enseñanza de Religión al eliminar su alternativa. En este sentido, Celaá señaló que Religión será de "asunción obligatoria" y "no tendrá una asignatura espejo porque la voluntad de unos no puede imponer una obligación a otros". Sin embargo, con ello también se limita la demanda de esta asignatura, ya que es más complicado que los alumnos o sus padres la elijan en esta coyuntura. Sin embargo, sí será obligatoria Educación en Valores, algo que recuerda a Educación para la Ciudadanía y puede resultar polémico en medio del debate sobre el PIN parental.
• Menos autonomía de los centros. Por otro lado, el nuevo texto reivindica que "incrementa la autonomía de los centros y la participación en su gestión de toda la comunidad educativa", pero a su vez impone a los colegios e institutos concertados un "representante del Ayuntamiento" en esta institución, lo que limita su capacidad de decisión real.
• Conocimiento del castellano. Además, el nuevo texto defiende el conocimiento del castellano por parte de todos los alumnos, pero deja en manos de las comunidades autónomas "los instrumentos de verificación, análisis y control propios del sistema educativo y el análisis por parte de los centros, de modo que se garantice" este dominio, lo que a su vez reduce la capacidad de los padres para exigir que se garantice la competencia adecuada en esta lengua.

Fuente: Expansión