EL CONGRESO AVALA LA SENDA FISCAL DEL GOBIERNO Y ALLANA EL CAMINO A SUS PRESUPUESTOS

Mes y medio después de su formación, el nuevo Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos ha logrado despejar hoy el camino a la presentación de unos Presupuestos Generales del Estado de 2020 al obtener el apoyo del Congreso de los Diputados a su nueva senda fiscal.

El arranque la de la mesa de negociación sobre el conflicto secesionista catalán, puesta en marcha ayer entre Gobierno y Generalitat, ha sido clave para el éxito de la votación, que se ha saldado con 168 votos a favor, 150 en contra y 19 abstenciones, incluyendo la de los 13 representantes de ERC, partido que ha defendido su posición como defensa de la vía del diálogo abierta. Había 333 diputados en el Pleno y se han recibido además cuatro votos telemátiamente.

El Parlamento ha dado así su aval a unos nuevos objetivos de déficit público más suaves que los legados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, lo que, en palabras de la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, debería permitir contar con “unas cuentas equilibradas pero también”, garantizando a la vez “la cohesión social, la prestación de servicios públicos, la recuperación de derechos perdidos en la crisis, un crecimiento económico sostenible y la generación de empleo digno”.

En el caso del déficit, el Gobierno ha propuesto suavizar los objetivos legados por Mariano Rajoy para rebajar el agujero fiscal al 1,8% este año, al 1,5% el próximo ejercicio, el 1,2% en 2022 y al 0,9% en 2023, renunciando a lograr el superávit durante la legislatura. A su vez, el Ejecutivo apuesta por elevar el techo de gasto un 3,8% este año, de 122.899 a 127.609 millones de euros, si bien esta última cifra no se somete a la votación del Pleno.

Aunque ha anticipado que la flexibilización de las cifras propuesta por el Ejecutivo no es suficiente para su gusto, ERC aclaró que usaría su voto para sustentar el plan a fin de dar recorrido al Gobierno y a la mesa de diálogo sobre el secesionismo catalán abierta ayer con la Generalitat.

“Damos una oportunidad a la mesa de negociación”, ha declarado en la tribuna de la Cámara Baja el diputado Joan Margall, celebrando que “por primera vez” un Gobierno central se haya sentado con el de Cataluña para tratar de buscar una “solución política” al problema. Un canal de diálogo que fue precisamente ERC quien exigió como contrapartida a su abstención para hacer presidente a Pedro Sánchez.

“Nuestra posición de hoy no presupone nuestro voto a los Presupuestos Generales del Estado”, ha dicho por su parte Ferran Bel, de JxCat, que rechazó votar a favor, pero no descartó abstenerse.

Bel, en todo caso, ha advertido que no avalará las cuentas que presente el Ejecutivo si estas no incluyen la restitución de los 2.500 millones de euros del IVA de 2017 que, por la reforma del sistema inmediato de información (SII) de aquel año, han quedado impagados a las comunidades.

A fin de contentar a otros grupos dudosos, Montero ha anunciado que reformará la llamada regla de gasto para dar margen adicional a comunidades y ayuntamientos a fin de reforzar su capacidad para mejorar los servicios públicos. Una petición que además de ERC habían realizado PNV, EH Bildu, Compromís o Más País.

Además, la ministra ha destacado que tumbar la nueva senda del Gobierno supondría restar 7.500 millones de capacidad de gasto a la Seguridad Social y otros 3.500 millones a las comunidades autónomas.

Montero ha celebrado, además, que el Congreso avalara tramitar el martes una ley para arrebatar al Senado el derecho de veto sobre la senda fiscal que el PP ya aprovechó en el anterior intento del Gobierno de Sánchez por aprobar nuevos objetivos de déficit más suaves.

La nueva senda fiscal, eso sí, ha contado con el rechazo frontal de grupos como PP, Vox y Cs que consideran que las nuevas cuentas no son coherentes con los objetivos de equilibrio presupuestario que exige Bruselas.

Fuente: Cinco Días