UBER Y CABIFY SE MOVILIZAN PARA EVITAR QUE EL MODELO CATALÁN SE EXTIENDA POR ESPAÑA

El sector de las VTC se moviliza para evitar que el modelo catalán se extienda por el resto de España y se vean obligadas a echar el cierre en otras comunidades autónomas, como la Valenciana o Andalucía, donde el taxi ha solicitado 12 horas y 60 minutos de precontratación, respectivamente. Tras la experiencia en Barcelona, donde no han tenido la oportunidad de plantear alternativas a la regulación que ha obligado a las dueñas de las VTC a comunicar despidos masivos, la patronal Unauto ha dado un paso adelante y ha presentado a la Generalitat Valenciana una propuesta de regulación para el sector del transporte de pasajeros que aboga por liberalizar el taxi para que sea más competitivo y restringir la actividad de las VTC a la precontratación por vía telemática, telefónica o presencial. Un cambio que se suma al aviso a navegantes dado por las plataformas Uber y Cabify al abandonar la Ciudad Condal nada más entrar en vigor el tiempo de espera de 15 minutos.

Es la primera vez que Unauto presenta una propuesta por escrito y motu proprio a un gobierno autonómico tras la aprobación del Real Decreto Ley 13/2018 ya que, por ejemplo, tampoco ha entregado ningún documento o contrapropuesta de modificación de la ley 20/1998 a la Comunidad de Madrid, algo que sí ha hecho el taxi. En el caso de la capital de España, el sector ha comunicado su postura en las reuniones que ha tenido con los representantes de la Consejería de Transporte que dirige Rosalía Gonzalo, algo que no pudo en Cataluña. "Nos dijeron que se iba a hacer lo que aprobara el taxi. Eran lentejas. No hay que olvidar que el decreto-ley aprobado por el Govern de Joaquim Torra se ha votado en una Asamblea de taxistas", explican a este diario fuentes de Unauto, que reconocen que sí entregaron propuestas a los grupos parlamentarios en el Congreso.

Aunque en Andalucía el nuevo Gobierno todavía se está asentando, los taxistas ya han solicitado una reunión para impulsar la regulación de las VTC, un proceso en el que también quiere participar el sector para evitar que se les regule sin tener ni voz ni voto. En esta línea, en Mallorca, donde las plataformas digitales no están presentes, el Gobierno local ha ido un paso más allá que Cataluña y ha planteado una precontratación de una hora.

El texto que Unauto, la patronal de las VTC liderada por Uber y Cabify, ha presentado en Valencia plantea que los taxis puedan tener un precio libre en la precontratación, igual que su sector, que se introduzca flexibilidad en los horarios del taxi para "mejorar la disponibilidad", que se permita a los taxis y las VTC realizar viajes compartidos e igualar los regímenes fiscales de ambos sectores hacia la estimación directa (el taxi tributa por módulos). A su vez, plantea que se igualen los requisitos ambientales de las flotas de ambos sectores y que se cree un observatorio de Movilidad que vigile y sancione las prácticas anticompetitivas.

Desbloquear el conflicto

De momento, las VTC han conseguido que el modelo catalán, que contempla una precontratación de 15 minutos por ley ampliables a una hora por los municipios, no llegue a la Comunidad de Madrid, donde el Ejecutivo se ha negado a "legislar para acabar con un sector". Una posición que ha llevado el conflicto a un callejón sin salida, obligando a los taxistas a ceder.

Así, los representantes de las cinco asociaciones del taxi tienen previsto presentar una nueva propuesta de modificación de la ley 20/1998 a la Comunidad en la que renuncian a que se fije por ley una precontratación temporal. La idea del gremio es desbloquear el conflicto y que el marco legal se apruebe antes de que se convoquen las elecciones, dejando que sea el Ayuntamiento de Manuela Carmena el que establezca en su reglamento el periodo de espera entre la contratación de los coches de Uber y Cabify y la prestación efectiva del servicio.

En la nueva propuesta "suavizada", los taxistas plantean que sean los gobiernos municipales los que "especifiquen las condiciones previas a la recogida" de los viajeros, "con carácter general, o en condiciones específicas, a los efectos de mejorar la movilidad interior de los viajeros o a garantizar el efectivo control de la prestación de los servicios". Así, de la propuesta de modificación de la ley se ha eliminado cualquier referencia al tiempo o al espacio y se han limitado a expresar que un coche VTC se considera precontratado cuando "la solicitud por parte del usuario se efectúa de forma previa, expresa y concreta con anterioridad al inicio del viaje". En este punto, el texto asegura que "los municipios serán competentes para establecer o modificar aquellas condiciones de la precontratación que consideren convenientes".

Batalla legal en Barcelona

En Cataluña, con el decreto en vigor desde este viernes, la batalla de las empresas de VTC se centrará en el ámbito laboral y el legal. Unauto explicará en Barcelona sus planes de actuación ante el nuevo escenario normativo, pero en las últimas semanas ya ha apuntado el rumbo a seguir. Augura que los despidos y expedientes temporales de empleo afectarán a la mayoría de los 3.000 empleados del sector. Solo el hecho de que Uber y Cabify dejen de estar operativas en Barcelona supone que las compañías que trabajaban para estas plataformas se hayan quedado sin el intermediario para llegar a los clientes, por lo que ya tienen preparada la documentación para presentar ante la Generalitat expedientes de despidos colectivos.

El profesor de Derecho Laboral de la UOC Pere Vidal señala que la dependencia de un solo cliente -en este caso Uber o Cabify- condena a una brusca inactividad a las compañías afectadas, que necesitan un tiempo que no tienen para reenfocar su negocio: "No es factible que lancen su propia app para precontratar con las nuevas condiciones normativas, porque la mayoría de clientes que atendían eran de precontratación inmediata y porque no tienen los algoritmos para calcular los precios".

Según datos de Cabify -de la que dependían más de 1.000 trabajos indirectos en Barcelona-, el 98,5% de los viajes gestionados a través de su app estaban por debajo de los 15 minutos de espera, que es el tiempo mínimo de precontratación fijado por la Generalitat, si bien desde este 1 de febrero la Autoridad Metropolitana de Barcelona (AMB) tiene potestad para aprobar un reglamento más restrictivo, en el que prevé elevar el límite hasta una hora. En este punto se abre el segundo caballo de batalla de las empresas de VTC: la guerra legal. No pueden recurrir a los tribunales el decreto ley catalán, pero sí el reglamento local, y contra la Generalitat pueden reclamar daños patrimoniales, explica el profesor de Derecho Administrativo de la UB y la UOC Marc Tarrés.

Mientras la Generalitat elaboraba el decreto de las VTC, Unauto ya alertó de que, si fijaba normativa, exigirían a la administración autonómica, en vez de a la estatal -por el Real Decreto Ley 13/ 2018 del verano pasado para regular el sector-, las indemnizaciones por restringir su actividad, que en el caso de Cataluña calculaban en hasta 1.100 millones de euros -el equivalente al 9% del presupuesto catalán de Sanidad-. Y la misma advertencia la hicieron extensiva a la AMB.

Fuente: El Economista