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En su comparecencia parlamentaria para informar sobre el plan para paliar los efectos de las fuertes subidas de los precios de la energía, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, hizo alusión a un bono para calefacción que nada tenía que ver con la propuesta que el Grupo Socialista presentó el año pasado de crear uno para el gas natural, en línea con el vigente de la luz. El llamado “bono térmico”, como lo calificó Rivera, ha seguido siendo un misterio. Hasta hoy.
Según fuentes conocedoras de las medidas que el ministerio establecerá en un real decreto ley, que podría aprobar el Consejo de Ministros de esta semana o la próxima, consiste en una ayuda directa, o cheque, a la que solo podrán optar quienes, a su vez, sean beneficiarios del bono social eléctrico. Estos deberán solicitarlo y el Gobierno lo otorgará en función de una serie de parámetros, entre los que se inlcuyen las temperaturas de las zonas donde habiten los solicitantes.
La bonificación, cuyo montante aún no se ha determinado, se otorgará en los meses de invierno para que los consumidores puedan pagar su factura de la calefacción, del agua caliente y la cocina. La ayuda, que es una imitación de las que reciben en invierno los usuarios vulnerables en algunos países del norte de Europa, está pensada para las familias que se calientan utilizando gas butano o fuel, según las mismas fuentes.
Por ejemplo, en Reino Unido, cuando las temperaturas se sitúan por debajo de cero grados durante más más de siete días seguidos, el Gobierno fija una ayudade 23 libras porcada periodo semanal, que se ingresan en una cuenta del consumidor.
Según las mismas fuentes, el Ejecutivo quiere que esta medida entre en vigor en octubre, a la vista de que también el día 1 la tarifa regulada del gas (TUR) se incrementará un 8%, lo cual se viene a sumar al fuerte incremento del precio de la electricidad de los últimos meses.
Nuevo bono eléctrico
El real decreto ley también incluirá los cambios que Transición Ecológica va a introducir en el bono social de la luz. De entrada, estudia ampliar hasta el 31 de diciembre el plazo transitorio (que finaliza el 8 de octubre), para que los que disfrutaban del anterior bono soliciten el nuevo, siempre que tengan derecho al mismo.
Este, que fue aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy, entró en vigor en septiembre del año pasado y ya es la segunda vez (la anterior fue en mayo) que se prorroga el plazo para trasvase de los beneficiarios del antiguo, tras el fracaso en las solicitudes.
En términos generales, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha optado por mantener el bono del PP (altamente complicado y que, solo en algunos casos está ligado a la renta) y ampliar y complementar su cobertura.
La normativa actual (ver gráfico) establece tres tipos de consumidores con derecho a la bonificación, que, según su situación de renta, consumo o miembros de la familia, disfrutarán de un porcentaje de descuento en la factura: los consumidores vulnerables (una rebaja del 25%); los vulnerables severos (un 40%) y los que se encuentran en situación de exclusión social (el 100%).
El primer grupo lo integran familias con un determinado consumo mensual y anual; distintos niveles de renta y con uno o varios hijos. En él también se incluyen las familias numerosas (en este caso, sin tope de renta) y varios colectivos: minusválidos, con una discapacidad superior al 33%; víctimas de terrorismo y de violencia de género.
En este último colectivo (a los que se permite una renta más elevada), el Ministerio de Transición Ecológica ha incluido también a las familias monoparentales. Esta iniciativa beneficiará mayormente a aquellas familias en que el único progenitor es una mujer (monomarentales, según palabras de la ministra). Y es que un 85% de este tipo de familias las encabeza una mujer, según el INE.
Una importante novedad dentro del grupo de consumidores vulnerables que introducirá el Gobierno en real decreto ley en marcha, es que los límites de consumo que daban derecho al bono de la luz se amplían ahora un 20%. Así, por ejemplo, a las familias sin hijos, con una renta inferior a 11.279 euros al año (el equivalente a 1,5 veces el sIndicador Público de Renta de Efectos Múltiples o Iprem) tienen derecho al bono, según la actual normativa, siempre que no superen un consumo mensual de 120 kWh al mes o 1.200 kWh al año. Pues bien, este techo subirá un 20%: a 144 kWh/mes y 1.440 kW/año.
Además, se flexibiliza el cómputo del consumo mensual, de tal manera que si un mes no lo alcanza, se le acumula como un crédito para meses en que lo supere. Eso sí, el anual se mantiene.
El techo de consumo actual resultaba un poco bajo, según recalcó la ministra en el Congreso, pues en los hogares vulnerables el consumo es a veces mayor por tratarse de viviendas peor aisladas y con electrodomésticos menos eficientes.
En cuanto a las medidas de protección a la infancia a las que aludió Ribera en el Congreso, y que no especificó, están referidas a los cortes de suministro. Así, en cualquiera de los colectivos con derecho al bono, se prohibirá el corte por imgago siempre que en la familia figure un menor de 16 años.
De la enrevesada situación que se ha generado con el bono social da cuenta el hecho de que aún lo disfrutan ( y seguirán disfrutándolo hasta el 31 de diciembre) los beneficiarios del bono social que fue derogado el año pasado (los usuarios con menos de 3 kW de potencia contratado; las familias con todos los miembros en paro, las pensiones mínimas y las familias numerosas) con los del ahora vigente y los que el actual Gobierno dará acceso en su real decreto ley.
Según datos de la CNMC, del antiguo hay 2,5 millones y el nuevo solo lo han solicitado 650.000 personas. Es complicado, según fuentes del sector, que la nueva regulación permita alcanzar aquella cifra, en la que los que tienen menos de 3 kW son mayoría, lo recibían autométicamente y a partir de enero se quedarán fuera. Mientras tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez ganará tiempo y podrá sortear durante unos meses las consecuencias políticas de la pobreza energética.
El actual bono social de la tarifa de la luz lo financian por ley todas las comercializadoras eléctricas, ya sean grandes o pequeñas: además de las filiales de los principales grupos del sector (Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo), un centenar de pequeñas compañías que compiten en el mercado libre. Estas han denunciado la paradoja de tener que financiar el bono social y, al mismo tiempo, no poder ofrecérselo a sus clientes (algo que solo pueden hacer las comercializadoras reguladas o de referencia).
Aunque las grandes de Unesa lograron tumbar en dos ocasiones en los tribunales esta obligación (este año supondrá un coste superior a los 200 millones de euros), que los usuarios sin derecho a ese beneficio tuvieron que devolverles. Y aunque han recurrido de nuevo, esta vez les resultará más difícil ganar la partida al Gobierno.
En estos momentos, las comercializadoras están pagando los descuentos a los que tienen derecho los beneficiarios del antiguo bono y los que se han apuntado al nuevo. Por el momento, la cifra es muy elevada, pero a partir de enero llegará la criba, pues quedarán fuera los que ahora lo disfrutan por tener contratada una potencia inferior a 3 kW, un requisito eliminado.
Queda por ver quién financiará el cheque para la calefacción. Salvo que lo asuma el Estado en los Presupuestos Generales, el Gobierno deberá regular quién pagará esta nueva ayuda que no podrá formar parte del actual sistema de financiación del bono de la luz, según fuentes del sector.
Lógicamente, sobre las eléctricas no podría recaer el pago de una energía que en el caso de la calefacción puede ser de gas natural, de butano o de fuel, por ejemplo. ¿Supondría esto que, como ocurre con el bono de la luz, el cheque de la calefacción lo deberían pagar las petroleras? Es una incógnita que el Gobierno desvelará cuando apruebe su paquete de medidas.
Se da además la circunstancia de que al gas butano se le considera ya una energía subvencionada. Una de las razones del exministro de Energía, Álvaro Nadal, para no apoyar la creación de un bono para el gas natural entre sus medidas contra la pobreza energética es que ya existía para ello la bombona de butano.
Sea como fuere, España es el único de los grandes países del entorno que no cuenta con un bono del gas para consumidores vulnerables. También uno de los pocos que no carga en los Presupuestos del Estado este coste social (en algunos existe un sistema mixto de fondos públicos y el resto de consumidores) y que no permite que las comercializadoras en el mercado libre lo puedan ofrecer el bono a sus clientes.
Las eléctricas, indiferentes ante la prohición del puerta a puerta
La intención del Gobierno de prohibir la contratación de la luz “puerta a puerta” que adelantó ayer Cinco Días, ha dejado indiferentes a las grandes eléctricas y ha sido recibido con entusiasmo por las muy pequeñas, que no pueden utilizar este medio para competir. Para las grandes la estrategia de ventas “es digital”; los pequeños usuarios les dejan poco margen y les viene bien que prohíban a las demás la modalidad de puerta a puerta, pues con ella pierden más clientes que los que pueden ganar.
Otra cuestión es lo que perderán las llamadas fuerzas de venta, que las compañías subcontratan para contratar en las viviendas.
A las grandes del sector les preocupa más el trabajo que les depararán otras medidas que el Gobierno aprobará para proteger a los consumidores. Como es el caso de tener que ofrecer simulaciones con la tarifa de discriminación horaria o la reducción de los escalones de la potencia que se puede contratar. Recuerdan que la potencia solo se puede cambiar una vez al año.
Fuente: Cinco Días
