Una medida que ha sido bien acogida por las organizaciones integrantes de la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER), quienes, no obstante, han avisado de que las "heridas" que la normativa aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, por la cual los inmigrantes irregulares sólo podían ser atendidos en los servicios de Urgencias, a excepción de las embarazadas y menores de edad, son "aún profundas".

"Sólo desde enero de 2014, REDER ha documentado 68 casos de cáncer, 88 de enfermedades cardiovasculares, 45 de VIH o 116 de diabetes. Inequidad territorial en el acceso a la salud, con diferencias en el acceso a la salud dependiendo de la comunidad autónoma de residencia; o la instauración de discursos falsos que profundizan la marginación de estos colectivos y alientan actitudes xenófobas. Estos son sólo algunos de los desafíos a los que debe dar respuesta el nuevo marco normativo", ha señalado la organización.

Por ello, a su juicio, está "plenamente justificada" la aprobación del nuevo Real Decreto, el cual elimina también las figuras de persona asegurada y beneficiaria para recuperar la "noción de la salud" como un derecho.

Ahora bien, desde REDER ha mostrado su "preocupación" por cómo quedan reguladas en el articulado de la normativa determinadas cuestiones como, por ejemplo, que los inmigrantes, aunque ven reconocido su derecho a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria, no son considerados titulares de dicho derecho, pues esta titularidad queda limitada a aquellas de nacionalidad española y extranjeras con residencia legal. Una distinción que, tal y como ha denunciado, resulta "discriminatoria e injustificable" desde una perspectiva de derechos humanos.

"Confusión" entre migrante y turista sanitario

"El derecho a la asistencia con cargo a fondos públicos se supedita a que la persona demuestre que no se encuentra en situación de estancia temporal, es decir que lleve más de 90 días en territorio español. Esta exigencia establece una presunción de que por debajo de los tres meses cualquier persona es una turista sanitaria, salvo informe de trabajo social que acredite lo contrario, lo que supone reincidir en la confusión entre migrante y turista sanitario, tantas veces desmontada", han añadido las organizaciones que conforman REDER.

Del mismo modo, prosiguen, el texto actual "no garantiza" la asistencia con cargo a fondos públicos en todo caso, y particularmente durante ese periodo de 90 días, a menores, mujeres embarazadas, solicitantes de asilo, víctimas de trata, así como la asistencia de urgencia hasta el alta médica, algo que de no concretarse supondría una regresión respecto a lo previsto al respecto por el RDL 16/2012.

Por otra parte, REDER ha alertado de que si no se flexibiliza la exigencia de prueba de no poder "exportar el derecho" desde su país de origen, se puede crear una "barrera insalvable" para muchas personas. "Así lo hemos constatado las organizaciones de REDER en relación con determinadas nacionalidades cuyos consulados no emiten dicha documentación, lo que las obliga a desplazarse hasta su país de origen", ha añadido.

Asimismo, ha mostrado su inquietud por el hecho de que la nueva normativa no de respuesta a una de las exclusiones "más sangrantes" como es la de las personas mayores (padres, madres, abuelos y abuelas) que han llegado a España fruto de un proceso legal de reagrupación familiar.

"Conforme a la legislación de extranjería, estas personas deben contar con un seguro médico, algo muy difícil y muy costoso de conseguir para personas de edad avanzada y débil estado de salud. De este modo el INSS les deniega sistemáticamente la tarjeta sanitaria, a pesar de que existen múltiples sentencias judiciales que les reconocen este derecho. La nueva regulación debería reconocérselo de forma inequívoca en las mismas condiciones que cualquier otra residente en España", han zanjado desde REDER.

Fuente: Expansión