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Concentración de taxistas frente al Ministerio de Fomento, en Madrid.
El sector del taxi está en pie de guerra. La mayoría de taxistas de las grandes ciudades españolas han parado para reivindicar cambios legales que les protegan contra plataformas como Uber o Cabify. El conflicto estalló la semana pasada en Barcelona. La alcaldesa Ada Colau intentó regular el sector para poner límites a los VTC (los vehículos que conducen los empleados de Uber o Cabify), pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña congeló la norma de Colau porque invadía competencias estatales. Estas son las claves de una disputa que ha soliviantado a los taxistas.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, aprobó el pasado 26 de junio un reglamento con el que pretendía establecer límites a las actividades de Uber y Cabify y reducir las licencias de los VTC en todo el Área Metropolitana de Barcelona. Estaba previsto que este reglamento municipal, que obliga a todos los conductores a obtener una segunda licencia que otorgaba la autoridad metropolitana del Taxi, entrara en vigor este próximo agosto. El reglamento contenía medidas para reducir las licencias VTC de las 1.035 que actualmente operan en Barcelona a cerca de 400.
Pero la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) presentó un recurso solicitando la suspensión de la normativa impulsada por Colau al considerar que perjudica la competencia en el mercado y que Colau se extralimita en sus competencias. El Ministerio de Fomento también se sumó inicialmente al recurso porque las competencias de Transportes son estatales, pero al ver que el sector del taxi iniciaba las protestas y tras reunirse con ellos decidió retirar su petición de medidas cautelares ante el juzgado.
Con el recurso de Competenca, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictó un auto el pasado 19 de julio en el suspende de forma cautelar y provisional el reglamento del Área Metropolitana de Barcelona (AMB, que preside la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau) que regula las licencias VTC.
Tras varias reuniones entre representantes del Ministerio de Fomento, el sector del taxi en Barcelona y las autoridades del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), el sector del taxi decidió el sábado iniciar una huelga indefinida.
La huelga indefinida continúa este lunes en Madrid y Barcelona. A la protesta se han ido sumando trabajadores del taxi procedentes de otras ciudades, como Málaga o Sevilla, donde se han producido movilizaciones esporádicas. A partir de esta medianochese han sumado conductores de Valencia, Alicante y Zaragoza. La Federación Vasca del Taxi hizo ayer un llamamiento para que los taxistas vayan a partir de este lunes a la huelga convocada por la Asociación Nacional del Taxi. Las agrupaciones de taxistas de Baleares han convocado a los profesionales del sector a un paro durante toda la mañana de este martes.
Los taxistas de Málaga y la Costa del Sol, que engloba a 15 municipios, decidieron ayer unirse a la huelga indefinida, aunque no afectará al aeropuerto Málaga-Costa del Sol y a las estaciones de tren y autobuses. En Valencia y Alicante, organizaciones de taxistas han anunciado que este lunes secundarán el paro. En Zaragoza, la Asociación Provincial del Taxi ha iniciado un paro general indefinido desde esta medianoche.
Actualmente operan 7.058 VTC y 64.217 taxistas, es decir, una por cada nueve. Esta proporción supera el tope de 1/30, que establece la ley de transporte de 2015.
Además, están saliendo al mercado por sentencia judicial otras 10.000 licencias VTC que fueron concedidas al amparo del vacío legal que se produjo entre 2009 y 2013 gracias a la Ley Omnibús de liberalización de la economía aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que eliminó cualquier límite para licencias VTC.
Los taxistas se reunirán este lunes a las 12.00 con el secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes, Pedro Saura. Al que reclamarán "cambios normativos en la ley y el reglamento de transportes" y el traspaso de competencias a las comunidades autónomas.
El sector planteará cuatro reivindicaciones principales, la primera de ellas "la transferencia de competencias a las comunidades autónomas para que el equilibrio que determina el Tribunal Supremo en la sentencia de junio de 2018, sobre la proporcionalidad 1/30, se cumpla en todas las comunidades", según un comunicado difundio anoche por Elite Taxi.
No obstante, Fedetaxi aclara que en esa transferencia se "marque expresamente el contenido básico de las licencias autonómicas o urbanas a implantar", para todo el ámbito nacional, para que no se transforme el problema actual estatal en 17 problemas autonómicos.
Los taxistas también pedirán "cambios normativos en la ley el reglamento de transportes". Asimísmo, reclamaran un compromiso "para no poner en funcionamiento nuevas autorizaciones VTC en las diferentes comunidades autónomas hasta que se reúna la Conferencia Nacional del Transporte". Por último, solicitarán la puesta en marcha inmediata de la web de registro y control de VTC aprobada el pasado mes de diciembre de 2017.
Fuente: El País
